Las organizaciones sindicales piden a la Administración negociar las compensaciones horarias

Ángel Merino.
“La dirección del Servicio Canario de Salud (SCS) no tiene intención de negociar con la representación sindical”. Esta es la principal conclusión que se extrae de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada esta semana según ha podido conocer Redacción Médica a través de la Federación de Salud Intersindical.

Bernardo Medina, secretario de la Federación Insular de Salud.

Las organizaciones que han estado presentes en la reunión (Intersindical, Sepca, CCOO y UGT) coinciden en que la dirección del SCS pretende dejar sin efecto algunos derechos alcanzados en la última reunión, concretamente en lo referente a la compensación de los días 24 y 31 de diciembre. “No consideran esos días como libre derecho, así como tampoco compensan los sábados festivos”, indican.

De este modo, Ia Intersindical critica que la Administración “lejos de negociar en materia de jornada laboral, da total autonomía a las gerencias para que lo organicen como deseen”. Por este motivo, las organizaciones sindicales convocan “de manera urgente” una negociación para ratificar las compensaciones horarias de igual modo que al resto de trabajadores públicos de las islas “sin que se vean mermados los derechos de los trabajadores”. Asimismo, estudian una vía jurídica para su cumplimiento.

En relación a la Oferta Pública de Empleo la dirección del SCS ha expuesto un calendario orientativo que desde la Intersindical “temen que no se cumpla”, entre las cuales se encuentran:  la convocatoria de Médicos de Familia previstas para junio pudiendo examinarse a finales de año 2013, las convocatorias de DUE para finales año 2013 (dependiendo de resolver recursos presentados al concurso traslados de enfermería) y las convocatorias de Auxiliar de Enfermería y Auxiliar Administrativo para el año 2014.

Frenazo a las jubilaciones

Un día después de la jubilación forzosa de cientos de trabajadores sanitarios, entre ellos 140 facultativos canarios, una juez ha paralizado cautelarmente la aplicación de la medida.

Al respecto, la Intersindical expone que “se le había advertido al Gobierno, por sus propios asesores jurídicos, que la norma de jubilar forzosamente a los 65 años no se ajustaba a derecho y podría traer consecuencias de indemnizaciones o de reposición en sus puestos de trabajo a aquellos que tenían concedidas legalmente prórrogas laborales hasta los 70 años”.