Sede del Tribunal Supremo, en Madrid.
El Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno de Canarias en su
denuncia de los
conciertos de 1985, 1986 y 1995 que le obligaban a ofrecer
asistencia sanitaria a los afiliados a la Mutualidad General Judicial (
Mugeju)y a la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (
Muface) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (
Isfas).
Una segunda sentencia del alto tribunal y que alude a
Mugeju y a
Muface se suma a la que hace ocho días
dejaba sin cobertura en la sanidad pública a los mutualistas del Isfas. El Supremo da la razón a la comunidad autónoma y viene a decir que funcionarios, militares y guardias civiles, en su condición de mutualistas, deben acudir a
clínicas privadas concertadas con estas mutuas y no al Servicio Canario de Salud (
SCS).
Con esta decisión, el alto tribunal estima los recursos presentados por la comunidad autónoma en 2012 y
revoca una
sentencia anterior dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había dado la razón a la
Administración General del Estado, al entender que Canarias no tenía la suficiente motivación en su pretensión de no atender a los mutualistas en su sanidad pública.
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