El Gobierno destina casi 40 millones a la atención de discapacitados y dependientes

Redacción. Santa Cruz de Tenerife
El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, ha informado en rueda de prensa de que el Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de seis convenios de colaboración entre la Administración de Canarias y los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, con un montante global que asciende a 39.411.920 euros.

Martín Marrero, portavoz del Gobierno.

En concreto, se destinarán un total de 719.141 euros para la prestación de servicios en la isla de El Hierro; 1.182.539 euros para Fuerteventura, un total de 827.871 euros para La Gomera; un montante de 28.652.557 euros para la isla de Gran Canaria; 4.018.885 euros para la isla de Lanzarote y 4.010.927 euros para La Palma.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un catálogo de prestaciones de servicios y económicos, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.

En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las Administraciones Públicas implicadas.

Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estimó conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias, y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en los años 2010, 2011 y 2012 con los siete cabildos insulares para la atención a personas en situación de dependencia y, en general, a las personas mayores o con discapacidad.

Así, la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna y nocturna para la atención de personas mayores y con discapacidad, se había venido garantizando en Canarias con anterioridad a la aprobación de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través de dichos instrumentos de planificación.

El compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en su integración en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias.

No obstante, tendrá que dar cabida a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, pero que han venido recibiendo atención en virtud del sistema de los planes sectoriales.

Dado que los convenios firmados en el año 2012, tanto en el área de mayores como en el área de discapacidad, finalizaron su vigencia en dicho año, se hace necesario formalizar un nuevo convenio que articule la colaboración entre la Administración y los cabildos de esas seis islas durante 2013, para la prestación de los servicios en centros de día y de noche, así como de atención residencial incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios propios o concertados por la referidas corporaciones, a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.