PSIB y MÉS aseguran que el anteproyecto de garantías de demora vulnera el Estatuto y la Ley de Salud

Redacción. Palma
PSIB y MÉS han asegurado este lunes que el anteproyecto del Gobierno autonómico sobre las garantías de demora sanitarias vulnera tanto el Estatuto como la Ley de Salud de la comunidad puesto que estas normativas establecen que los ciudadanos tienen derecho a recibir los tratamientos en un plazo máximo determinado.

Vicenç Thomàs, portavoz parlamentario del PSIB.

Según han explicado en sendas ruedas de prensa los portavoces adjuntos de ambos grupos parlamentarios, el socialista Vicenç Thomàs y la econacionalista Fina Santiago, antes los baleares tenían una garantía de demora de 180 días en las intervenciones quirúrgicas, de manera que esto les permitía, si el plazo se cumplía, recurrir a la sanidad privada, asumiendo los costes el Ejecutivo autonómico. No obstante, ahora únicamente cinco procedimientos y las operaciones oncológicas tendrán esta garantía.

En relación a si recurrirán a los tribunales por esta materia, Thomàs ha apuntado que "actuarán" "en función de cómo quede" este tema tras las alegaciones presentadas por la oposición. Mientras, Santiago ha indicado que "valoraremos lo que se haga" puesto que el anteproyecto "vulnera dos principios de las normativas de la comunidad", ha reiterado.

El PSIB-PSOE ha pedido "la retirada inmediata" del anteproyecto de ley de los nuevos impuestos, que mañana comienza su proceso parlamentario, porque provocará graves problemas a las familias ya las empresas de las Islas Baleares. El Partido Popular "lleva dos años recortando derechos y servicios, como sanidad y educación, y ahora empieza a ahogar el consumo con los nuevos impuestos", ha denunciado la portavoz parlamentaria socialista, Francina Armengol.
   
Pidió al PP que se siente a dialogar ya consensuar con los otros grupos políticos alternativas a esta subida de impuestos, como un impuesto a las grandes empresas contaminantes, un impuesto a los depósitos bancarios (que Madrid no autoriza) o aumento del IRPF a las rentas más altas.

El Gobierno elimina las garantías sanitarias de los ciudadanos
 
El portavoz de Salud, Vicenç Thomàs, ha presentado las alegaciones del Grupo Socialista al decreto del Gobierno sobre listas de espera, que elimina las garantías de tratamiento y atención a la ciudadanía que existían hasta ahora. Los socialistas han presentado 21 alegaciones a este decreto, que "deja sin garantías a los ciudadanos respecto a las listas de espera quirúrgicas, consultas con especialistas hospitalarios y pruebas diagnósticas", ha explicado Thomàs.
 
El PP "no prioriza la atención sanitaria a los ciudadanos" y por ello modificará el decreto de 2006 y dejará sin tiempo máximo de espera la gran mayoría de las intervenciones quirúrgicas, a excepción de cinco, que en ningún caso, durante la última legislatura, habían superado este tiempo. Las consultas con especialista hospitalario y las pruebas complementarias, antes garantizadas en 60 días, quedan sin garantía, ha explicado Thomàs, y esto afecta a pruebas tan importantes como una colonoscopia, determinante en el diagnóstico y posterior tratamiento de un cáncer, por ejemplo.
 
El socialista ha denunciado también que el PP cambia el mecanismo para contar los días de demora, y tampoco se compromete a publicar las listas de espera cada 3 meses, como hasta ahora. Igualmente, el nuevo decreto elimina el tiempo máximo para la vasectomía y ligadura de trompas, y quita a los ciudadanos la posibilidad de acudir a un centro privado si se ha superado el periodo de demora, salvo en estas cinco operaciones quirúrgicas.
 
El decreto del Gobierno, tal cual está, vulnera el artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía, que establece el derecho de la ciudadanía a conocer y exigir el servicio en un plazo máximo, lo que también garantiza el artículo 19.g de la Ley de Salud vigente en Baleares desde 2006. "Ni el Estatuto ni la Ley de Salud permite al Gobierno saltarse las garantías ni dejar a la ciudadanía sin garantías", explicó.
  
El PSIB-PSOE ha recordado que el PP, mientras quita derechos y financiación a la sanidad pública, no tiene ningún problema en fomentar la sanidad privada, desgravar los seguros privados.