Baleares aprueba un decreto que agilizará las obras en centros sanitarios

El Consejo de Gobierno de Baleares ha aprobado este viernes el Decreto ley de medidas urgentes que permite construir "con más agilidad" nuevos centros sanitarios, educativos y sociales en Baleares; entre los que se encuentran proyectos como el nuevo centro de salud de Son Ferriol.

Así lo ha informado el consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, quien ha aclarado que estos nuevos equipamientos públicos no se podrán realizar en suelo rústico protegido. El objetivo del Decreto es facilitar y agilizar la reforma o construcción de estos nuevos equipamientos con el fin de disponer de una red dimensionada y de calidad adecuada a las necesidades crecientes de la sociedad de las Islas.

Así, esta declaración permitirá agilizar todos los procedimientos. De esta manera, la calificación del equipamiento para el uso que se determine será automática y las características y los parámetros urbanísticos del equipamiento serán los que se consideren necesarios para su función, sin depender del marco urbanístico previo (exposición pública de 15 días e informe favorable del ayuntamiento). Además, para hacer reformas interiores se tendrá que presentar una comunicación al consistorio junto con el proyecto, y a los 15 días se podrán empezar las obras y, para actuaciones que requieran licencia, se tendrá que solicitar al ayuntamiento, y a los 45 días naturales se podrán empezar las obras si no hay respuesta negativa. Además, no se requerirá la licencia de obras para iniciar y ejecutar estos proyectos y, una vez finalizada la obra, el Ejecutivo balear autorizará la primera ocupación.

Según el Govern, este decreto ha nacido del trabajo coordinado de distintas consejerías para fijar el camino más ágil para que proyectos de escuelas, centros de salud o residencias para personas mayores, por ejemplo, puedan ser una realidad lo antes posible.

De este modo, la necesidad se ha justificado, por una parte, en la parálisis inversora de los años de crisis económica, que ha impedido la evolución de la red de equipamientos públicos educativos, sanitarios o sociales de manera proporcional al crecimiento demográfico y a las necesidades de la población. Por otra, en la lentitud y las dificultades de los procedimientos administrativos que retrasan la ejecución de proyectos necesarios.

Asimismo, el decreto ha incorporado una tramitación específica y ágil para aquellos proyectos que se consideren prioritarios y respecto de los cuales el Consejo de Gobierno hará, previamente, una declaración de inversión de interés autonómico.