Obligar a los médicos funcionarios a ser estatutarios es inconstitucional

El Tribunal Constitucional ha admitido parcialmente el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno asturiano presentó en 2012 contra un artículo del Decreto Ley de Medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, aprobado ese año por el Ejecutivo central.

Así, se declara inconstitucional el apartado que obliga a la comunidad autónoma a adscribir a médicos, matronas y practicantes a órganos administrativos que no pertenezcan a instituciones sanitarias públicas. En la sentencia del TC se considera que este aspecto, recogido en el artículo 2 de la disposición adicional decimosexta incurre en vulneración del marco competencial.

El tribunal establece que “esta integración forzosa de funcionarios en ámbitos que no se relacionan con las habilidades y competencias que ostentan”, fuera del ámbito de los servicios autonómicos de salud, supone “una intromisión en la competencia autonómica sobre la gestión del personal a su servicio”.
 
Invasión de competencias
 
La ley estatal establecía en un primer apartado que el personal sanitario funcionario tenía hasta el 31 de diciembre de 2013 para integrarse en los servicios de salud como personal estatutario fijo, sin perjuicio de los derechos consolidados. Hasta ahí, el Gobierno asturiano no mostraba disconformidad.

Sin embargo, el segundo artículo de la misma ley, el que ha sido declarado inconstitucional, matizaba que “en caso de que este personal opte por permanecer en activo en su actual situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal funcionario, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos de movilidad que, a tal fin, puedan articularse”.

El Gobierno del Principado anunció en julio de 2012 la presentación de este recurso de inconstitucionalidad. El día 13 de ese mes, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias dictaminó la existencia de fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de los recursos de inconstitucionalidad, al estimar que el Gobierno de España invadía las competencias autonómicas en materia de autoorganización de la Comunidad Autónoma.