El diputado regional del PP Carlos Suárez.
5 abr. 2016 17:00H
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El PP de Asturias ha registrado una proposición de Ley de garantías sanitarias que, entre otros aspectos, fija el número de días máximo para estar en una lista de espera. Es una medida semejante a la que el ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo puso en marcha en Galicia a finales de 2014 y a otra impulsada por el PP de Cataluña hace seis meses y que fue rechazada en el parlamento de esa comunidad.
La iniciativa plantea una serie de tiempos máximos que serían de 120 días para operaciones programadas no urgentes, 45 días para primeras consultas con especialistas solicitadas por el médico de Atención Primaria y 45 días para pruebas diagnósticas especializadas.
Son unos objetivos algo más modestos que los de la ley gallega y la propuesta catalana, ya que en estos dos casos el tiempo máximo para operaciones no urgentes es de la mitad: 60 días. En el caso de Galicia, las esperas aún se sitúan por encima de lo que marca la ley, según recuerda la oposición regional.
“Libre elección”
La proposición de ley asturiana también plantea que los pacientes puedan elegir hospital y, si la asistencia no pudiera darse en el plazo establecido, estos decidan si continúan en la lista o acuden a un centro concertado. Este aspecto también está contemplado en la ley gallega y ha sido criticado duramente por la oposición de izquierdas, para quien la norma está al servicio de la derivación de pacientes a la privada.
Tras presentar la iniciativa en el registro de la Junta General (parlamento) del Principado de Asturias, el diputado regional Carlos Suárez, portavoz popular en la Comisión de Sanidad de la cámara ha precisado algunos datos de la medida. Entre otras cosas, Suárez ha hablado de garantizar por ley “la libre elección de médico de familia, pediatra personal y personal de Enfermería”.
Suárez ha precisado además que desde su grupo “abren la puerta a un ‘plan de choque’ para reducir las listas de espera”.
Recursos
La proposición no cuenta con un cuadro económico que refleje lo que va a costar las medidas que incluye. Al ser preguntado al respecto, la presidenta del PP regional Mercedes Fernández ha explicado que su grupo no cuenta con el “elenco de asesores” con los que cuenta el Gobierno, que puede realizar las correspondientes simulaciones y entrar en los detalles de los recursos necesarios.
En cualquier caso, Mercedes Fernández ha dicho que el PP considera necesario abrir un debate parlamentario sobre un asunto de especial interés para los ciudadanos, y que todos los grupos, incluido el PSOE presente sus aportaciones. “Esperamos que no haya un veto del Gobierno a esta norma”, ha apuntado.
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