El HUCA se refuerza con polémica

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado este martes la resolución con los nombramientos para la cobertura temporal de ocho vacantes de facultativos especialistas de área en el hospital. La escasez de ciertos especialistas en el principal hospital asturiano ha sido señalada como una de las principales causas de la lista de espera en el Principado; sin embargo el método elegido por el Gobierno regional para cubrir estos puestos ha motivado las críticas de algunas organizaciones sindicales.

En concreto, las plazas que se resuelven son cinco de radiodiagnóstico y tres de microbiología. Con anterioridad, se ha publicado la convocatoria de plazas de anestesista, que son una de las categorías que asociaciones de usuarios y formaciones políticas han señalado como más deficitarias en el hospital y cuya escasez producía reprogramaciones en las intervenciones que se traducían en retrasos y en aumento de la lista de espera.

La convocatoria y resolución de plazas medicas temporales se vienen publicando, como un goteo, en el boletín a lo largo de los últimos meses. Con ella, el Sespa busca poner un parche mientras tiene lugar la oferta pública de empleo (OPE) con 357 plazas médicas anunciada para este año. En ese momento las plazas deberían consolidadas.

Las plazas ‘sueltas’ que va convocando el Sespa son plazas “perfiladas”, ya que están dirigidas a un perfil concreto de trabajador que hace falta en un sitio concreto. Algo que el Sindicato Médico Asturiano (Simpa) critica y que amenaza con impugnar, por establecer criterios de selección no recogidos en la plantilla orgánica del Sespa.

La polémica por los nombramientos temporales en la función pública asturiana viene de largo pero se está intensificando en los últimos meses. Este domingo, Podemos advertía de la "situación ilegal" de 200 trabajadores dependientes de la administración pública asturiana que fueron nombrados de manera temporal pero cuyos puestos aún no se han consolidado en concurso público, cuando la ley establece un plazo máximo de dos años para que así sea. “La comisión de servicios es un sistema provisional y excepcional que tiene unos límites temporales que son vulnerados de forma reiterada”, señalaba la formación morada.