El Gobierno de Asturias aprueba el Plan de Salud Laboral 2022-2027

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este viernes el nuevo Plan de Salud, Seguridad y Medioambiente Laboral 2022-2027, que dará inicio ahora a su tramitación parlamentaria y que busca mejorar las condiciones de trabajo y rebajar la siniestralidad. Durante el último lustro y con la excepción de 2020 por la pandemia, se registraron unos 10.000 accidentes anuales.

El documento tiene el objetivo de reducir esta cifra y contempla impulsar la investigación, la prevención y la seguridad laboral vial, mediante estudios de siniestralidad, visitas a empresas y acciones de sensibilización, entre otras medidas.

El Plan, elaborado con la colaboración de los agentes sociales, ahonda con los cambios que ha provocado la pandemia en los entornos laborales como la generalización del teletrabajo, la falta de desconexión digital y la carga física y mental, que en gran medida inciden en el deterioro de la salud. Según la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Myriam Hernández, el Plan hasta ahora vigente vio cumplidas el 98 por ciento de sus líneas de actuación y, aunque no se pueda establecer una relación directa entre su aplicación y la reducción de la siniestralidad laboral, su incidencia en el periodo 2016-2020 se redujo en torno a un 14 por ciento.

¿Cómo se evalúa si funciona un Plan de Salud Laboral?

Hernández ha subrayado que "el resultado del Plan es el que no se ve, el no accidente". En este sentido, ha destacado que las políticas públicas en este ámbito sirven, como se refleja desde que se vienen elaborando planes plurianuales en el Principado, para consolidar esa tendencia a la baja.

Por su parte, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha indicado que la salud laboral es uno de los factores que definen el empleo de calidad y el nuevo Plan da continuidad al anterior, pero incorpora novedades que atienden a recientes cambios como los derivados de la globalización, de la pandemia o de la implantación del teletrabajo, que conlleva el reconocimiento del derecho a la desconexión digital.

Para Fernández, resulta necesario compatibilizar el desarrollo de la actividad económica con una permanente mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral dado que "defender la vida y la salud de las personas trabajadoras es defender el bien más preciado que poseen".

¿Qué tiene en cuenta el nuevo Plan?

El Plan prevé evaluar la exposición a materiales como el amianto, los agentes cancerígenos y los agentes físicos y se desarrollarán campañas específicas de prevención y apuesta por la investigación de las enfermedades profesionales y el estudio de los cánceres de origen laboral en nariz, faringe y senos nasales y paranasales.

En cuanto a los riesgos psicosociales, incluye la promoción de protocolos de actuación ante situaciones de violencia interna en el trabajo para determinar la mejor manera de afrontarlas y la elaboración de una guía orientativa sobre el teletrabajo, así como el estudio de las diferentes variables del parte de los accidentes de trabajo por sobreesfuerzo, su evolución en el tiempo y la definición de los colectivos específicos más expuestos a trastornos musculoesqueléticos.

En lo relativo a los grupos especialmente vulnerables el documento engloba al fomento de la cultura preventiva entre profesionales autónomos, la gestión de la edad en el entorno laboral y la selección de una serie de actividades feminizadas, por el alto porcentaje de mujeres que componen las plantillas, con el propósito de mejorar el control de la salud de este grupo de población.

Asimismo, contempla promover exámenes específicos en función de los riesgos existentes en los puestos de trabajo para detectar síntomas precoces de enfermedad y proponer medidas preventivas y de detallar los diferentes tipos  de riesgo psicosocial como estrés, acoso, discriminación o violencia.

El Plan fija objetivos prioritarios y transversales que se concretan en 39 líneas de actuación con especial atención a los colectivos vulnerables como población laboral envejecida o sectores con elevada siniestralidad para identificar su exposición a los riesgos y minimizar su impacto.