Aragón confirma su "voluntad" de renovar el convenio con las mutuas

Aragón quiere cobrar la asistencia sanitaria pública que reciban sus funcionarios públicos, militares y jueces adscritos a Muface, Mugeju e Isfas y que residen en zonas rurales de menos de 20.000 habitantes por municipio. Es decir, unas 16.800 personas.

Fuentes de la Consejería explican a Redacción Médica que en 2015 se cambió el modelo que se venía prorrogando desde 2002. “Hasta la prórroga de 2015, Muface pagaba al Salud por esta asistencia una cantidad fija por persona (1.600.000 euros en total) para cubrir toda la asistencia pero en la prórroga de ese año se modificaron las condiciones, de modo que solo se pagaba una cantidad fija por persona en concepto de asistencia urgente (200.000 euros), mientras que el resto de las asistencias se debían facturar directamente por el Salud a la compañía aseguradora del usuario”, explican.

Este sistema, según las citadas fuentes, provocaba “dificultades administrativas e incluso de cobro, dado que con estas condiciones el Salud debía facturar directamente a las compañías aseguradoras de cada usuario, además de una considerable merma económica para el sistema público”. Así, el Gobierno de Javier Lambán ha estado negociando una vuelta a los anteriores parámetros que, por el momento, ha resultado infructuosa. “Es voluntad del Departamento renovar el convenio, pero con las condiciones anteriores al 2015 y en la misma línea al que tienen el resto de comunidades”, matizan.

A la espera de que ese acuerdo se produzca, la situación actual es que todas estas personas que han elegido la sanidad privada, “sin negarles su acceso al sistema público”, deben pagar por acudir al Salud. “Se les emite una factura por la atención recibida en la que va adjunto un número de cuenta con un plazo determinado para abonar la asistencia”, aclaran.