Marión asegura que el nuevo contrato de transporte mejorará la asistencia

El director gerente del Servicio Aragonés de Salud, Javier Marión, ha defendido este viernes la mejora del servicio del transporte sanitario urgente que se producirá con el nuevo contrato, adjudicado hace unos días por algo más de 76 millones de euros para cuatro años y que incrementará en cuatro el número de dispositivos.

Marión ha comparecido ante las Cortes, a petición del consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, para explicar el proceso del nuevo contrato del transporte sanitario, que se adjudicó de forma provisional el pasado 19 de octubre a la UTE Nuevos Transportes Sanitarios Urgentes de Aragón por 76 millones de euros para cuatro años. El nuevo servicio se podrá en marcha en el primer trimestre del año, con una dotación económica para 2018 de 18,95 millones de euros, un 27 por ciento más que en 2017, según ha precisado Marión.

El nuevo contrato, ha agregado, incluye en primer lugar una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, que se ajustarán al convenio colectivo firmado por el sector a finales de 2016 y que supone un incremento de la masa salarial del 11 por ciento.

En cuanto al servicio, se incrementarán de forma global los dispositivos de 81 a 85, para quedar con 13 unidades médicas especializadas (UME), 8 UVI móviles, 45 unidades de soporte vital básico (USVB), y 19 ambulancias convencionales.

Así, habrá una nueva UME en Sobrarbe-Ribagorza a principios de 2019; dos nuevas USVB en Utebo y Zuera, respectivamente, y una nueva convencional en Épila. De las 45 USVB que incluye el nuevo contrato, 17 eran ambulancias convencionales en el anterior convenio que se van a transformar. Todo ello para conseguir "una asistencia lo suficientemente amplia para atender a toda la población y a todo el territorio" con una ratio de un dispositivo por cada 60.000 habitantes.

El gerente del Salud ha explicado, a requerimiento de varios diputados, que es más que probable que las empresas no adjudicatarias presenten ahora recursos y que, por tanto, en función de los plazos de tramitación de estos y dado que la empresa tiene noventa días para poner en marcha el servicio desde que estos se resuelvan, es posible que éste no empiece exactamente a principios de año.