La Cámara de Cuentas detecta incumplimientos en la fiscalización del Salud

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado el Informe de fiscalización de las cuentas del Servicio Aragonés de Salud del ejercicio 2017, una vez concluido el trámite de audiencia a la entidad fiscalizada que presentó 32 alegaciones, de las cuales, la Cámara aceptó dos, modificando el Informe en consecuencia. Tras este análisis, se han detectado algunos incumplimientos de legalidad y financieros y una falta de coordinación entre los sectores sanitarios.

La opinión de la Cámara respecto a las cuentas anuales del Salud es que éstas reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a fecha 31 de diciembre de 2017 con algunas salvedades derivadas de incumplimientos, tanto de legalidad como financieros.

Entre los incumplimientos de legalidad, la Cámara señala la insuficiencia del presupuesto para cubrir las necesidades reales del organismo, si bien en 2017 la diferencia se redujo. No obstante, las facturas pendientes de imputar al presupuesto ascendieron a 37 millones de euros.

La diferencia entre presupuesto y gasto real continuada en los últimos ejercicios, hizo que en 2017 el Salud tuviera que hacer frente a 15,6 millones de euros de intereses de demora acumulados de años anteriores, lo cual impidió la gestión actualizada de las obligaciones y de los pagos, sobre todo de productos farmacéuticos y sanitarios.

Para analizar la legalidad en la contratación de bienes y servicios y en inversiones, la Cámara se ha servido de una muestra de 151 expedientes por un importe de 535 millones de euros. El análisis estadístico ha permitido sacar conclusiones, la más importante, el incumplimiento del procedimiento de contratación. En concreto, el Salud contrató 182 millones de euros en productos de farmacia hospitalaria y 16,6 en implantes, sin procedimiento alguno.

El órgano auditor también ha puesto de relieve la falta de publicidad y transparencia en el procedimiento de contratación y la información incompleta del Portal de Transparencia. Por un lado, hasta marzo de 2018, el Salud no publicaba sus licitaciones y adjudicaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contraviniendo la Ley de Contratos; por otro, los auditores señalan 22 expedientes de contratación, por un importe de 17 millones de euros, sin publicar en el Portal de Transparencia, aunque sí están integrados en el Registro Público de Contratos de Aragón.

Contratos menores 

En cumplimiento de la norma, el Salud sí publica en el Portal de Transparencia los contratos menores, que son los de importe inferior a 50.000 euros, IVA excluido, en el caso de contratos de obras y a 18.000 euros, en los contratos de servicios. En 2017, estos contratos sumaron 1.018, por un importe de 14 millones de euros.

Tras su análisis, la Cámara de Cuentas ha constatado un número elevado de contratos menores con el mismo objeto contractual, sobre todo, en el caso de pruebas clínicas. En atención al elevado número de este tipo de contratos, la Cámara ha sugerido que se realicen compras centralizadas.

El órgano de control externo del sector público aragonés también ha evidenciado en su Informe un defecto de coordinación entre los servicios centrales y los distintos sectores sanitarios que se traduce, entre otros aspectos, en: falta de un inventario único, diferentes criterios de gestión de las existencias de farmacia y diferentes tarifas por los mismos servicios sanitarios.

Otras conclusiones recogidas en el Informe de fiscalización, que no afectan a la opinión de la Cámara de Cuentas, señalan un incremento de los gastos plurianuales derivado de los contratos de los servicios de limpieza de centros sanitarios 2017-2020, de la construcción del Hospital de Alcañiz y de obras en los hospitales San Juan de Dios, de Teruel y Miguel Servet, de Zaragoza.

Asimismo, la auditoría del Salud recoge el efecto de la recepción de fondos estatales, como el Fondo de Liquidez Autonómica que aportó 293 millones en 2017, en la reducción de la diferencia entre el presupuesto y el gasto; el incremento en un 22 por ciento de la deuda a corto plazo a los acreedores y la falta de una instrucción general que garantice el mismo criterio en el pago de las retribuciones al personal. El Salud tiene hasta 251 conceptos de nómina diferentes y 32.211 efectivos.