El Parlamento insta ya a negociar el traspaso de la sanidad penitenciaria

Las Cortes de Aragón han instado, en sesión plenaria, al Gobierno autonómico a iniciar “de manera inmediata” las negociaciones oportunas con el Ejecutivo central para realizar el traspaso al Salud de las competencias de la sanidad penitenciaria. Han aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Podemos transaccionada con PSOE y PAR.

En la iniciativa, las Cortes piden que el traspaso vaya acompañado de una dotación económica “suficiente” para hacer frente al coste sanitario calculado en función de la población reclusa en Aragón, más de 2.000 personas, y del pago de la deuda existente desde 2012, cuando Instituciones Penitenciarias dejó de abonar el coste del convenio que anualmente firmaban ambas partes desde 2003.

Ha defendido la proposición no de ley la diputada de la formación morada Itxaso Cabrera, quien ha apostado por mejorar la calidad asistencial de la población penitenciaria, disminuir el gasto y aumentar la coordinación entre los servicios sanitarios, señalando que el coste anual es de 1,5 millones de euros y que la Administración General del Estado lleva cuatro años sin pagar el convenio. Cabrera ha lamentado la “parálisis” en que se encuentra el convenio, recordando que diversos colectivos, profesionales y el Defensor del Pueblo han apostado por realizar el traspaso.

Dotación suficiente

La parlamentaria del PP, Carmen Susín, ha dejado claro que su partido defiende la realización de las negociaciones siempre y cuando haya garantías económicas, rechazando asumir una competencia mal dotada.

En representación del PSOE, Olvido Moratinos ha indicado que desde 2003 no se ha llevado a cabo el desarrollo reglamentario para ejecutar la transferencia de estas competencias. Ha defendido la universalización de la sanidad pública y ha reivindicado el derecho de los internos a una asistencia sanitaria orientada a la prevención, la curación y la rehabilitación. El traspaso se debe hacer “con rigor”, ha puntualizado.

Desde el PAR, Berta Zapater ha exigido que se asuma la competencia con una dotación “suficiente”, haciendo hincapié en que el gasto sanitario y farmacológico penitenciario se eleva a 77 millones de euros anuales en el conjunto de España. Ha observado que “nunca se ha dejado de dar la asistencia sanitaria” a los reclusos.

La portavoz de C's, Susana Gaspar, ha subrayado que la transferencia “debe ir acompañada de la dotación presupuestaria suficiente para hacer frente al coste sanitario”, exigiendo que Instituciones Penitenciarias pague la deuda existente.

La diputada del Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA), ha dicho que la asunción de competencias “está en el AND” de Chunta y ha alertado contra las competencias mal financiadas, que repercuten en el la labor política del resto de la Administración.