El Gobierno plantea a los funcionarios un plan para reducir la temporalidad

Redacción. Zaragoza
El director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga, se ha reunido con los dirigentes sindicales Francisco González (CCOO), Alicia Hernández (UGT), Pablo Ricardo Asín (CSIF) y Lorenzo Arraco y Leandro Catalán (Cemsatse), acompañados de otros representantes de estas organizaciones, en la primera cita de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma en esta legislatura.

Ignacio Zarazaga.

El encuentro oficial ha supuesto la apertura de un proceso de diálogo para la búsqueda de puntos de encuentro orientados a acuerdos globales a medio plazo en diversas líneas de actuación, siempre bajo la premisa de la corresponsabilidad de los representantes de los trabajadores en la gestión del Gobierno en materia de función pública.

El director general ha trasladado a los dirigentes sindicales su propósito de afrontar junto a ellos un plan de choque interno y externo para reducir la provisionalidad y la temporalidad en el empleo público, con el propósito de partida de hacer efectiva la convocatoria anual de una oferta de empleo público, que pese a ser obligatoria en teoría, en la práctica no se ha materializado nunca hasta ahora por distintas circunstancias.

Con la agilización de las convocatorias para el acceso a la función pública en la Administración de la Comunidad y sus organismos autónomos se pretende reducir la temporalidad actual, que supera el 30 por ciento, a un máximo del 15 por ciento  al final de la legislatura. Es decir, el propósito es que la plantilla de interinos baje al menos a la mitad tras la aprobación de la oferta de empleo de 2019.

Todos los puestos vacantes que queden en todos los grupos y escalas saldrían también a convocatorias anuales de concursos internos para reducir la provisionalidad, de forma que los funcionarios o trabajadores que actualmente ocupan plazas de forma transitoria mediante comisiones de servicios u otras figuras puedan acceder a un destino definitivo.

Otro punto destacado del proceso de diálogo iniciado se refiere al compromiso del Gobierno de retomar la elaboración del proyecto de ley de reforma de la Función Pública que se suspendió en la pasada legislatura y en cuya redacción se espera lograr la confluencia con los sindicatos.

En cuanto a otras mejoras dispuestas en el Real Decreto Ley 10/215 para los funcionarios estatales y extensivas a otras administraciones, referentes a los días adicionales de libre disposición (los conocidos como ‘moscosos’) y de vacaciones por antigüedad, el disfrute de estas jornadas se ha diferido a lo largo del primer semestre de 2016 para evitar que se resientan los servicios públicos.

A pesar de no figurar en el orden del día, los representantes sindicales han incidido en cuestiones como la recuperación de una parte de la paga extraordinaria pendiente de 2012, asunto que el director general ha supeditado a una convocatoria posterior de la Mesa de la Función Pública una vez se presente, en la segunda quincena de noviembre, el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2016, donde se comprobarán las disponibilidades económicas y temporales para afrontar este compromiso.