Aprobado el Proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario

Redacción. Zaragoza
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, pues en los últimos años se ha producido una proliferación de casos en los que algunos profesionales del sector público sanitario y social han sufrido una serie de agresiones, ya sean físicas o verbales, por parte de los pacientes, usuarios, familiares o acompañantes.

Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón.

Y, en ocasiones, esto ha conllevado una merma a la hora de tomar las decisiones más idóneas en el ejercicio de las funciones de carácter público que tienen encomendadas.

El Gobierno de Aragón pretende mediante esta iniciativa crear y reforzar los instrumentos jurídicos necesarios que permitan conseguir que los profesionales del sistema público sanitario y social puedan desempeñar las tareas que les son propias en un contexto de máxima confianza, respeto y seguridad aumentado, como consecuencia de ello, la calidad de los servicios.

Así, dentro de la Comunidad, todos los directores y subdirectores de centros y servicios del sistema público sanitario o social, además de médicos, farmacéuticos, veterinarios, psicólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, trabajadores sociales, pedagogos, educadores, personal de gestión y servicios gozarán de la presunción de veracidad en sus informes y declaraciones, así como de la protección reconocida en el ordenamiento jurídico. Los profesionales  deberán ser respetados,  y recibirán un trato adecuado y serán valorados en el ejercicio de sus funciones por los pacientes y usuarios del sistema sanitario o social, sus familiares, acompañantes y por la sociedad en general. Así, podrán desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado donde sean respetados sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral.

A pesar de ello, cabe destacar que este Proyecto de Ley no contradice ni vulnera aquellas normativas que protegen los derechos de los ciudadanos. Más bien al contrario, ya que la condición de Autoridad Pública exige a quien la ostenta una especial dedicación y el estricto cumplimiento de cuantos derechos son inherentes a los ciudadanos destinatarios de sus decisiones.