29 oct. 2014 15:56H
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Redacción. Sevilla
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado en Comisión Parlamentaria que la sanidad pública es “más eficiente, más segura y de más calidad” y ha apuntado que “contribuye a generar igualdad y es un motor de crecimiento económico”.
En este sentido, ha reiterado que “la sanidad pública no sólo es sostenible, sino que en una situación económica como ésta, es el único sistema posible”. Durante su intervención, Sánchez Rubio ha criticado el “recorte” que el Plan de Estabilidad del Gobierno de España vuelve a realizar, reduciendo a un 5,7 por ciento del PIB el gasto sanitario para 2015 (frente al 5,9 por ciento de 2014), de lo que se traduce, según ha apuntado, “la intencionalidad de que el sistema se deteriore, con la excusa de la crisis, para terminar poniendo la gestión de la salud en manos privadas”.
Si bien, la máxima responsable de la sanidad andaluza ha asegurado que “en Andalucía seguiremos trabajando incansablemente por fortalecer una sanidad pública que tiene una de las carteras de servicios más amplias del país y es una de las mejores de Europa, tanto a nivel asistencial como en investigación biomédica”.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha recordado que, “tradicionalmente, la sanidad pública ha sufrido un problema de infrafinanciación” y que “la aspiración de los Gobiernos socialistas a este respecto siempre ha sido la de aumentar el porcentaje del PIB destinado a salud, una aspiración truncada por la crisis y, sobre todo, por la llegada a la derecha al Gobierno de España”.
En esta línea, Sánchez Rubio ha apuntado que los recursos en políticas sanitarias del Gobierno de España se han reducido en 400 millones de euros respecto a 2011, “un 10 por ciento menos que en el último presupuesto aprobado por el Gobierno del PSOE”, lo que ha llevado a que las políticas de salud y ordenación profesional hayan registrado una disminución acumulada de casi el 80 por ciento desde 2011, de un 61 por ciento el programa de prestaciones y farmacia, y a menos de la mitad las de salud pública, sanidad exterior y calidad.
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