Régimen autonómico de multas para los agresores de profesionales sanitarios

La Junta de Andalucía ha comenzado a trabajar en una norma que de la mayor protección posible al personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Así, la Consejería de Salud y Consumo que dirige Catalina García ha presentado el Proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) cuya finalidad principal es erradicar las agresiones contemplando un conjunto de acciones para su protección jurídica y material, así como actuaciones de apoyo, fijando incluso un régimen sancionador para los agresores.

Miguel Ángel Guzmán, viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, explica a Redacción Médica que esta medida servirá para “reforzar” el papel de autoridad pública que ya tienen los profesionales sanitarios del SAS, aplicando una “connotación de agravante” sobre los agresores.

En concreto, lo que esta norma persigue, subraya, es “no dejar duda a la interpretación que pueda generar la ley estatal que ya reconoce a los profesionales sanitarios como autoridad pública y reforzar más si cabe la protección que debe tener este personal. Así, sobreprotegemos a nuestros profesionales sanitarios ante cualquier agresión física o verbal, reconociendo en todo momento su papel de autoridad pública, lo que supone un agravante”.

Además, esta disposición normativa incluirá un régimen sancionador contra los agresores con sanciones económicas proporcionadas al daño causado. También se incluyen medidas como la opción de cambiarle de médico al agresor, siempre que se posible. "En estos momentos estamos definiendo el marco jurídico de este régimen sancionador para que tenga una base legal acorde al ordenamiento jurídico”, responde Guzmán.

Otra de las novedades que aporta esta normativa es el reconocimiento del personal administrativo del SAS como autoridad pública. Esto, según reconoce Miguel Ángel Guzmán, permitirá atajar muchas agresiones contra estos profesionales que hasta la fecha quedaban impunes. Y es que, de las 1.494 agresiones que se produjeron en 2022, una de cada cinco fue contra el personal de administración. “Ahora, este personal también queda protegido”, detalla.

Medidas disuasorias para frenar las agresiones

Además, Guzman ha recordado que dentro del Plan de Prevención de Agresiones para los profesionales del SSPA, activado en 2020, se recoge la creación de un Observatorio de Agresiones, cuyo objetivo es proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones.

“Tras el fin de la pandemia hemos percibido un aumento considerable en el número de agresiones. Hay que recordar que el personal sanitario ha aumentado en 25.000 personas por lo que la posibilidad de registrar una agresión es mayor. Pese a ello, las agresiones se han reducido proporcionalmente en el último año”.

En esta línea, ha manifestado que la Consejería de Salud y Consumo publica campañas de concienciación dirigidas a la población, destacando la labor profesional y recordando que las agresiones son un delito recogido en el Código Penal. Al respecto, ha destacado la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente, con la Guardia Civil y la Policía Nacional.