19 mar. 2014 13:45H
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Redacción. Sevilla
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ha diseñado un nuevo protocolo de atención sanitaria (que actualiza y homogeneíza el procedimiento marco para la atención de personas en riesgo de exclusión social), que busca mejorar la atención prestada en las Áreas de Urgencias de los hospitales públicos y establece que estos pacientes permanecerán en los centros sanitarios hasta que tengan un recurso social asignado o se identifique su entorno familiar o domicilio. La consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, ha presentado este miércoles el texto al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y se remitirá a las entidades locales para mejorar la coordinación.
En esta reunión con Maeztu, quien ha valorado la importancia del encuentro a petición de la propia consejera porque va a permitir que se abra una comunicación constante entre ambas instituciones para resolver con mayor agilidad los conflictos que no llegan de manera directa al gobierno, se han tratado también otros temas, como el contenido de otro protocolo elaborado para garantizar la protección en el caso de menores inmigrantes en situación de riesgo de ser víctimas de las redes de trata de personas; el impacto de la reforma local en los servicios sociales; el estado actual de la Ley de la Dependencia o la atención a presos con hepatitis C.
Para Sánchez Rubio, el protocolo de atención sanitaria para personas en riesgo social “permitirá definir y ofrecer a las personas en situación de riesgo social los recursos sociales y sanitarios más adecuados a su situación, lo que repercutirá positivamente en su estado de salud”.
Los factores de riesgo social no detectados influyen en el estado de salud de los usuarios, puesto que tienen mayores dificultades para seguir el tratamiento indicado y pueden sufrir agudizaciones de su situación clínica. Por este motivo, el nuevo procedimiento se centra en garantizar que los usuarios disponen de la capacidad necesaria para seguir las indicaciones terapéuticas e incluso si cuentan con un cuidador y, en caso de que no se den estas circunstancias, ofrecerle los recursos sociales más adecuados a su situación, según ha afirmado la Consejería de Salud en una nota de prensa.
Para dar respuesta a estas demandas, el nuevo protocolo establece que los centros hospitalarios cuenten con guías de recursos sociales comunitarios, en los que se defina los criterios de activación de los mismos en función de los diferentes niveles de necesidad socio-sanitaria.
Precisamente, el procedimiento se trasladará a las corporaciones locales, que gestionan los recursos sociales comunitarios, para que puedan aportar también las sugerencias y recomendaciones que consideren oportunas para conseguir la mayor eficiencia en la activación de estos recursos.
Además, se designarán profesionales responsables que estén presentes 24 horas en las áreas de Urgencias y que informará a la Unidad de Trabajo Social de la presencia de pacientes en posible situación de riesgo social.
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