Las últimas reformas de la Ley de Dependencia afectan “negativamente” a los dependientes

María José Sánchez Rubio, consejera andaluza de Igualdad, Salud y Servicios Sociales.

Redacción. Sevilla
Los últimos cambios introducidos por el Gobierno central en la Ley de Dependencia “afectan negativamente a las personas en situación de dependencia, a sus familias, a las personas cuidadoras y a los profesionales y las entidades que trabajan en los distintos servicios de atención de dependencia”, según ha asegurado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, durante una comparecencia parlamentaria. Además, la consejera ha lamentado que estos cambios, concretados a través de dos decretos-ley a finales de 2013, “suponen una derogación encubierta de la Ley de Dependencia”.

Según ha explicado la Consejería en un comunicado, estas modificaciones “penalizan las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, mientras que se potencian las prestaciones económicas vinculadas a servicios privados, siendo esta una prestación que solo permite la atención a personas con recursos económicos altos y que dificulta, a su vez, el desarrollo de una red pública de servicios”.

Además, la Junta andaluza ha lamentado que estos cambios suponen la derogación de la norma que revalorizaba las prestaciones para cuidados en el entorno familiar, en función del Iprem, además de endurecer los requisitos de las personas cuidadoras obligándolas a estar prestando atención previa a la solicitud durante al menos un año y a la convivencia en el domicilio de la persona solicitante. Por otra parte, el Gobierno del PP “reduce la intensidad de los servicios y se elimina la compatibilidad entre los mismos, aumenta la burocracia en el acceso a las prestaciones exigiendo que, junto a la solicitud, la persona solicitante presente documentación relativa a su situación económica”, ha asegurado la Consejería.