Aquilino Alonso, consejero de Salud, en el centro, durante su comparecencia en la Comisión de Salud.
9 feb. 2017 13:10H
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Aquilino Alonso, consejero de Salud, ha comparecido este jueves en comisión parlamentaria de Salud para hablar de las políticas de contratación de suministros de medicamentos por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según el consejero el Estado se ha venido oponiendo a esta selección de medicamentos, recurriendo ante el Tribunal Constitucional, lo que a opinión del consejero podría haber supuesto "una disminución del gasto farmcéutico en más de 1.000 millones de euros anuales".
En este sentido, el consejero ha expresado que “ese posicionamiento del Estado en contra de los intereses públicos y a favor de los intereses económicos de la industria farmacéutica, está impidiendo que el Sistema Nacional de Salud logre unos beneficios económicos que podrían representar una disminución del gasto farmacéutico en más de 1.000 millones de euros anuales”.
“Como saben, estos recursos han sido desestimados recientemente por dicho Tribunal en tres sentencias contundentes que despejan cualquier duda jurídica sobre el procedimiento y desmontan, uno a uno, todos los argumentos en contra realizados por el Estado”, ha aseverado.
"Incongruencia" del Estado
Por otra parte, el titular de Salud ha demostrado la “incongruencia” del Estado, que en la prestación farmacéutica hospitalaria “sí permite seleccionar aquellos preparados comerciales, de un mismo medicamento, que ofrezcan mejor precio”. Esto da lugar, ha asegurado, “a que el mismo medicamento de un determinado laboratorio, según el precio industrial pagado por el Servicio Andaluz de Salud, puede llegar a ser un 23 por ciento más bajo (de media) si lo dispensan los servicios de farmacia de sus hospitales que si lo hace una oficina de farmacia”.
A pesar de todo ello, “desde Andalucía seguimos ofreciendo nuestra experiencia y resultados para que el Estado cambie el modelo de prestación farmacéutica lesivo para la economía del Sistema Nacional de Salud, con el citado sobre-coste anual y sin beneficio alguno para los pacientes”, ha enfatizado Aquilino Alonso.
2.630 millones de euros para garantizar el acceso
Así el consejero no ha perdido la oportunidad para asegurar que la Junta de Andalucía destina 2.630 millones de euros para garantizar el acceso a los medicamentos de la población, tanto en oficinas de farmacia como en los servicios de farmacia de los hospitales públicos.
Según ha detallado, en 2016 se prescribieron 167 millones de recetas a los ciudadanos andaluces, que han supuesto un gasto para el SAS de 1.789 millones de euros. En cuanto al consumo hospitalario, se han prescrito 116,9 millones de dosis unitarias de medicamentos, con un gasto para el SAS de 841 millones de euros.
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