La libre elección llega a los Servicios Sociales

Redacción. Sevilla
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales, una norma que garantizará la atención prioritaria en casos de urgencia personal, familiar y social además de blindar las prestaciones básicas. El texto será ahora sometido al trámite de consultas y exposición pública para su aprobación y remisión como proyecto al Parlamento de la región.

María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

El texto reconoce como novedad el derecho del paciente a la libre elección del tipo y modalidad de servicio más adecuado de entre los disponibles, así como a renunciar al mismo si lo desea. Del mismo modo, recoge la opción de que cada persona pueda expresar su voluntad anticipada de recibir un determinado recurso en previsión de situaciones futuras de incapacidad.

El anteproyecto considera como personas beneficiarias del sistema a todas aquellas de nacionalidad española con residencia en la comunidad autónoma, las extranjeras empadronadas y residentes, los andaluces y las andaluzas en el exterior y, en su caso, a todas aquellas que encontrándose en Andalucía sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.

Prestaciones garantizadas

Asimismo incluye un catálogo de prestaciones garantizadas; los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los programas de atención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a la dependencia.

La futura ley, que sustituirá a la vigente de 1988, recoge, por otro lado, la creación de la herramienta electrónica de la Historia Social Digital, que deberá estar definida antes de septiembre, para coordinar los datos disponibles y contar con información más precisa. Añadirá, por ello, la elaboración de la tarjeta social electrónica, que se facilitará a todos los andaluces conjuntamente con la tarjeta sanitaria.

Esta nueva normativa desarrollará los derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y armonizará la aplicación de la Ley de la Dependencia, además de elaborar el Mapa de Servicios Sociales, que favorecerá la coordinación entre los recursos del sistema social y del sanitario.