La Junta aprueba el decreto de pago en 20 días a proveedores sanitarios

La Junta de Andalucía abonará en 20 días naturales, frente a los 30 vigentes ahora, las facturas de proveedores de servicios vinculados a salud, educación y servicios sociales, con el fin de “proteger los sectores esenciales del Estado de bienestar y defender el empleo en estos ámbitos prioritarios”, así como establecer una "garantía de pago" en caso de incumplimiento por parte de la administración autonómica. Así se recoge en el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno que establece la garantía de los tiempos de pago de la Administración autonómica y sus entidades instrumentales.

El nuevo plazo de 20 días también será aplicable al abono de becas y ayudas al estudio, así como al de medicamentos a las oficinas de farmacia y a las compensaciones económicas por la asistencia jurídica gratuita. La norma también fija, por vez primera, un periodo máximo de 45 días para la percepción de subvenciones destinadas a las prestaciones fundamentales de salud, educación y servicios sociales.

La norma aprobada especifica que, en el sector de la salud, se atenderá el pago en 20 días a las facturas de servicios asistenciales, conciertos (como los de transporte en ambulancia, diálisis o rehabilitación) y aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros sanitarios y hospitales (agua, gas, limpieza, lavandería, productos alimenticios y por prestaciones farmacéuticas y complementarias, entre otras).

Con el fin de garantizar los tiempos de pago y evitar demoras, la norma aprobada especifica la agilización de los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización de las facturas. Para evitar demoras involuntarias, el sistema enviará alertas de forma automática a los órganos encargados de reconocer las obligaciones y de pagar a los proveedores (consejerías y agencias) cuando tengan facturas próximas a vencimiento.

Asimismo se crea la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, una sede electrónica donde los interesados podrán acceder a la información sobre el estado de tramitación de sus facturas y obtener un certificado que acredite la deuda vencida en el caso de reclamación por demora. En estas situaciones, el proveedor recibirá contestación en siete días hábiles indicándole la fecha prevista para el abono de la factura.

Si dicho plazo no existiese, se le reconocerá el derecho de garantía para el cobro directo a ejercitar en una entidad de crédito colaboradora. Las personas que mantengan deudas en periodo ejecutivo con la Junta no tendrán acceso al sistema hasta que no estén al corriente de sus obligaciones con la Hacienda pública.

La Oficina de Atención a Personas Acreedoras elaborará una memoria anual sobre las actuaciones realizadas para garantizar los plazos de pago y las reclamaciones recibidas. Este informe será trasladado al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz.

Un millón de facturas

La Junta de Andalucía gestiona cada año más de un millón de obligaciones, de las que más del 80 por ciento se presentan telemáticamente a través del Punto Único de Factura Electrónica, un factor que contribuye a reducir los plazos de tramitación y los pagos. Desde su implantación en junio de 2015, se ha producido un ahorro medio en 14 días en la grabación de las facturas, una reducción que también se ha trasladado a la gestión administrativa y contable de las obligaciones así como en el abono de los importes, con el consiguiente beneficio para los proveedores de la Junta.

En 2016, la Junta realizó pagos por un importe superior a los 8.200 millones de euros correspondientes a empresas de bienes y servicios, así como proveedores de suministros del sector público andaluz. El 76 por ciento de las facturas abonadas se destinaron a la cobertura de gastos en sanidad, educación y dependencia.

El periodo medio de pago a los proveedores (PMP) se situó en 14,07 días en el mes de noviembre, una cifra que reduce a la mitad el máximo de 30 días fijado por la normativa de morosidad y que pone de manifiesto el esfuerzo de la Junta para acortar los plazos en el abono de facturas. A lo largo del pasado ejercicio, el PMP de la Junta acumuló una reducción de 24,47 días.