La Fiscalía cree que la presunta falta de personal enfermero no es delito

La Fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias de investigación abiertas a raíz de las denuncias presentadas por el sindicato Satse sobre la falta de personal para atender distintos servicios en el Hospital Materno Infantil, sobre todo el de partos. Así, el ministerio público considera que no hay delito.

Así, según el decreto de archivos, dicho sindicato presentó varias denuncias relacionadas con la falta de suficiente personal para atender a las mujeres en proceso de parto y también en los quirófanos de urgencia de toco-ginecología, en la unidad puerperio y en otros servicios del mismo hospital.

En ese momento se recabó información al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que aportó un informe del director del Hospital Regional en el que "se señala que la planificación de los recursos humanos en el área de partos del Materno se lleva a cabo conforme a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, teniendo en cuenta los estudios estadísticos", asegura el fiscal.

En este sentido, según dichas estadísticas, en los últimos diez años se verifica "una evolución descendente en la media de partos/día en dicho hospital", por lo que desde la Dirección del Regional se entiende que "la dotación que en la actualidad cuenta el servicio de partos de dicho hospital es suficiente".

Asimismo, el ministerio público indica que en ese informe se especifica que los casos de absentismo "se cubren por personal temporal" y en los que no es posible por ser imprevistos "se incorpora las tareas asistenciales el profesional responsable de enfermería del servicio de partos que tiene la condición de matrono". Al documento se unió otro de la Dirección de Enfermería.

Para el fiscal, "no se evidencia en las denuncias indicios suficientes de criminalidad en la gestión de los servicios denunciados", fundamentalmente "al no constar que la falta de medios personales denunciada haya supuesto la creación de un riesgo penalmente punible para la salud de las personas ni se ha constatado la producción de un resultado lesivo por dicho motivo".

En este sentido, explica que la aplicación del derecho penal se reserva para los comportamientos "más graves e insoportables" y en este caso se requeriría de "la constatación de un riesgo efectivo y real" y que resulte imputable a la acción u omisión de alguna persona.

"Sin que corresponda al derecho penal resolver sobre posibles deficiencias organizativas que se manifiesten en el desempeño de una actividad profesional y que puedan venir determinadas por una deficiente asignación de los recursos disponibles o por la insuficiencia de los mismos", concluye el fiscal.