El impacto en la salud de los ciudadanos de los proyectos urbanísticos, a examen

Redacción. Sevilla
La Junta de Andalucía evaluará el impacto en la salud de los proyectos urbanísticos, las industrias y todas las actividades cercanas a poblaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental. Así se establece en un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, que por primera vez regula esta materia en España. La norma es además la única en Europa que condiciona, de forma preceptiva y vinculante, la realización de los proyectos al informe sobre su incidencia en la salud colectiva. En sus anexos incluye el listado de actividades a las que se exige este requisito.

Miguel Ángel Vázquez.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha informado sobre la nueva normativa, cuya relevancia ha subrayado porque “la salud del futuro será el reflejo de las medidas que se aprueben en el presente”. La nueva norma, prevista en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía, tiene como objetivo tanto identificar los impactos positivos sobre el bienestar y la calidad de vida como señalar las incidencias negativas y minimizarlas. Esta evaluación se realiza con carácter prospectivo y preventivo, antes de que el proyecto sea una realidad.

Vázquez ha señalado que se trata de “una forma de velar por el bienestar y la salud de la población andaluza”. La exigencia del informe de impacto en la salud se enmarca en las políticas de la Junta para mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas, que, según los últimos datos correspondientes a 2013, se sitúa en 78,9 años para los hombres y 84,3 para las mujeres. Asimismo, tiene en cuenta los estudios que atribuyen a los estilos de vida y a los factores ambientales más del 40 por ciento de la carga de enfermedad en países desarrollados y con cobertura asistencial universal.

De este modo, el decreto aprobado por el Consejo se dirige a valorar los efectos directos e indirectos que sobre la salud de la ciudadanía pueden tener, por ejemplo, las medidas para disminuir la exposición a la contaminación del tráfico o la dependencia del vehículo privado, la ubicación de un vertedero de residuos peligrosos o el establecimiento de industrias cementeras, cerveceras o de vidrio cercanas a poblaciones, entre otras.

Entre las actividades afectadas por la norma se incluyen también los desarrollos urbanísticos que afecten a áreas socialmente desfavorecidas y todos aquellos planes y programas del Gobierno andaluz que tengan incidencia en la salud.

De acuerdo con el texto aprobado, el procedimiento se basa en dos documentos: la Valoración de Impacto en Salud, que debe presentar el promotor, y el Informe de Impacto en Salud, que sobre ella realizará la consejería de la Junta con competencias en el ámbito sanitario. El decreto obliga a la Administración a elaborar guías explicativas sobre la materia, que tendrán que estar disponibles en internet desde su entrada en vigor a los seis meses de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.