El Defensor del Pueblo advierte de las carencias sanitarias de los reclusos

El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, ha denunciado hoy que el sistema "dual", entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la administración penitenciaria, presenta "severas lagunas" y provoca la "ruptura" en la atención sanitaria a las personas internas en las prisiones de Andalucía. Así lo refleja el informe especial que esta institución ha realizado sobre la asistencia sanitaria en las cárceles de la comunidad, que ha sido presentado por el Defensor en una comparecencia parlamentaria.

Según Maeztu, el diseño dual del sistema establecido por la administración penitenciaria, dependiente del Estado, y el SAS provoca una "ruptura" de la atención integral del enfermo que "deambula bajo dos sistemas que no soporta más tiempo su subsistencia".

El informe no recoge datos que indiquen la negativa al acceso de la población reclusa a la atención, pero constata problemas de accesibilidad por razones relacionadas con el modelo de un sistema que presenta" severas lagunas" en la atención a estas personas. En este sentido, ha explicado que no hay buena simbiosis entre los sistemas informáticos del SAS y los penitenciarios, a lo que se suma la "ausencia" de protocolos y pautas comunes que suple la implicación del personal penitenciario y sanitario.

Dos días antes, durante la jornada 'Las unidades de custodia hospitalarias: la atención sanitaria a la población reclusa', organizadas por la institución del Defensor, Aqulino Alonso recordó que la comundiad atiende a 15.000 reclusos a través de un convenio con el Ministerio competente en instituciones penitenciarias, desde 1995 y hasta 2012, "que daba respuesta a la complejidad que supone la atención sanitaria de personas reclusas y establecía la financiación de los recursos autonómicos".

El titular sanitario puso de ejemplo que, pese a la falta de respuesta por parte del Ministerio del Interior, Andalucía ha sido la primera comunidad en proporcionar las nuevas terapias para Hepatitis C a los internos que la tenían prescrita por especialistas del sistema sanitario público andaluz, "un sistema que no está dispuesto a renunciar a sus principios".