Redacción. Sevilla
El Sindicato de Enfermería (Satse) de Sevilla ha asegurado este jueves que existen dos nuevas sentencias, una de ellas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que condenan al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la forma de aplicar, de forma irregular, la jornada laboral de 37,5 horas de forma “unilateral y sin acuerdo con los representantes de los trabajadores”.
Reyes Zabala.
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Satse ha explicado que las sentencias “anulan” las actuaciones realizadas por las gerencias de los Distritos Sanitarios Sevilla y Aljarafe en esta materia, insistiendo en que “en ausencia de acuerdo con los sindicatos, corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía las competencias para la distribución de la jornada laboral y en ningún caso los gerentes, como ha venido haciendo el SAS”, ha destacado en un comunicado.
Este sindicato resalta que tanto la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo número 2 del TSJA en Sevilla como la dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de la capital andaluza coinciden en asegurar que “las gerencias son órganos incompetentes para, en ausencia de acuerdo con los sindicatos, establecer la distribución de la jornada de trabajo afectando a las condiciones esenciales del personal estatutario”. Y entiende que ambas sentencias “declaran la nulidad de la actuación de ambas gerencias de los Distritos Sanitarios recordando que es competencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía fijar la distribución de la jornada laboral”.
Ante estos nuevos fallos judiciales, que son ya cinco en la provincia de Sevilla sobre esta misma materia, el Satse ha mostrado su satisfacción y confianza en que continúen produciéndose sentencias de este tipo ya que, según ha recordado, interpuso recursos judiciales contra las resoluciones de aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas de todos los distritos y hospitales de la provincia.
Respecto a la intención mostrada por el SAS de recurrir todas las sentencias, Satse ha lamentado esta actitud con la que, “en vez de intentar negociar con los representantes de los trabajadores y llegar a una regulación homogénea de la aplicación de la jornada laboral, sigue dilatando la solución del conflicto en los tribunales a pesar de las numerosas condenas en costas que debe de abonar a costa del erario público”.
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