La jueza llama a declarar al director económico de la central de compras en Cádiz para aclarar el posible fraude de ley

Primer imputado por el fraccionamiento de contratos del SAS en Cádiz: Demetrio González
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández.


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Primer imputado por el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz. El juzgado de instrucción número tres de la provincia había citado a declarar a Demetrio González como testigo, pero ahora acudirá como investigado.

Según informa la cadena SER, la jueza ha decidido modificar esta citación tras escuchar la semana pasada a dos interventores de la Junta y dos jefas de Servicio del SAS. González, que es el director económico de la central de compras del SAS en Cádiz, está convocado para el próximo 28 de abril.

Investigación por fraude de ley


La jueza llama a declarar a González para aclarar el posible fraude de ley de 235 millones de euros. Bajo la responsabilidad del director económico de la central de compras del SAS en Cádiz se encuentra la coordinación y seguimiento de las compras y logísticas de todos los centros del SAS en la provincia, además de definir y seguir los expedientes de suministros, obras, servicios, concierto y concesiones.

González ocupa el mismo cargo en Cádiz que el destituido recientemente José Antonio Miranda, quien se encargaba de la gestión económica del SAS y fue apartado por la Junta. Sobre esta salida, la Consejería de Salud indicó en marzo que su marcha se debía a motivos personales.

Este caso se remonta por la iniciativa de Podemos. Están en investigación más de 235 millones de euros, que se pudieron derivar a empresas privadas incumpliendo la ley de contratación de la Junta y con informes desfavorables de la Intervención. El coportavoz de la formación morada en Andalucía, José Manuel Jurado, ha indicado que la imputación puede ser "la punta del iceberg de un caso de corrupción aún mayor", por lo vuelto a pedir explicaciones a la Junta.

Jurado ha asegurado que hay en juego 1.300 millones de euros, "una cantidad mayor que la definitiva por la que se condenó en el caso de los ERE. Hablamos de los ERE del Partido Popular".

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, esgrimió a mediados de marzo que los contratos fraccionados del SAS "ya se hacían antes". "Estamos muy tranquilos y esto se aclarará todo en los tribunales", aseguró Hernández.

De hecho, el pasado octubre, en su primera comparecencia ante el pleno del Parlamento de Andalucía, la consejera de Salud y Consumo remarcó que todas las actuaciones y contratos que se llevaron a cabo por el Servicio Andaluz de Salud cumplieron con la legalidad "en todo momento" y tachó de "rotundamente falso" que se haya producido cualquier tipo de "fraude de ley".

Ya hace unos meses que este caso ocupa la actualidad de la sociedad andaluza y medios de comunicación, como analizó hace unos días Redacción Médica, y que iba a ser la chispa a la tormenta política en Andalucía. Ahora, el presidente de la Junta, Juanma Moreno tendrá que lidiar con esta situación, que le pilla con el paso cambiado porque Hernández cuenta con un perfil poco político.
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