Clínicas Pascual aplica prácticas de "explotación abusiva" en su concierto

“Explotación abusiva” de su posición en sus conciertos sanitarios. Con este calificativo tacha la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía a Clínicas Pascual, a las que ha abierto recientemente un expediente sancionador.

En su comunicado, este organismo entiende que el grupo que encabeza José Manuel Pascual Pascual abusa de su dominio en tres de los cuatro hospitales concertados que gestiona en la provincia de Cádiz y, por ello, ha sido incoado tras una denuncia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por presuntas prácticas anticompetitivas.

Estas conductas consistirían en supuestas actuaciones orientadas a la explotación abusiva de la posición de dominio de Clínicas Pascual como titular de los tres únicos hospitales con servicio de Urgencias existentes en las localidades de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, todos en Cádiz.

Según el SAS, estas prácticas estarían basadas, por una parte, en la aplicación de precios abusivos por los servicios facturados fuera de concierto y, por otra, en el intento de vincular la suscripción de un nuevo concierto para estos tres hospitales con la contratación de otros servicios que no guardan relación directa con el objeto del concierto. 

Conductas que van en contra de la competencia

Tras esta denuncia el pasado 15 de septiembre, el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) ha acordado la incoación de un expediente sancionador por “la existencia de indicios racionales de la realización por parte de dicha entidad de conductas que presuntamente sería” contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia", según el comunicado. 

Este artículo prohíbe “la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional”, tanto si se trata de “imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos” como de “subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos”. 

Afecta a los servicios de asistencia especializada y Urgencias

Según el comunicado, las prácticas denunciadas tenían lugar mientras el SAS estaba en fase de renovación de los conciertos suscritos con entidades privadas en diversas poblaciones de la región mediante los correspondientes procedimientos de contratación de gestión de servicios públicos de asistencia especializada y, en algunos casos, de los servicios de urgencias. Además de los tres hospitales citados la entidad es titular de otro hospital en Cádiz, el San Rafael; otro en Huelva, el Blanca Paloma, y un sexto en Málaga, el Dr. Pascual.

El procedimiento sancionador incoado, que tiene un plazo de duración máximo de 18 meses, concluirá con una resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía que, en caso de que acredite las prácticas prohibidas, impondrá una sanción, o, de lo contrario, archivará el expediente. “La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación”, concluye el comunicado de la consejería.

Se debe llegar a una situación

Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de su vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, ha manifestado que la entidad “tiene que llegar a una solución con el Gobierno andaluz”, en cuanto a los servicios de concierto de los centros.

En este sentido, Jiménez Barrios ha resaltado que “la empresa debe entender que la Junta quiere seguir con los conciertos y no tiene ningún interés en que no haya una solución”, por lo tanto, según ha agregado, “cuando se ha sacado a concurso, la empresa debió haberse presentado", al tiempo que ha apostillado que "los que tienen procedimiento negociado, lo tienen resuelto”.

A juicio del vicepresidente del Ejecutivo regional, “en esto hacen falta pocas palabras y mucha acción”, de manera que espera que “la empresa tiene que llegar a una solución con la Junta de Andalucía”, algo que “se desea” en la administración autonómica.