CCOO rechaza que la especulación se imponga ante el derecho a la salud de los enfermos de hepatitis C

Redacción. Sevilla
CCOO considera que cualquier persona enferma debería tener derecho a recibir un tratamiento adecuado para curar su enfermedad, permitir su recuperación o, al menos, paliar su sufrimiento. Es ésta una base esencial de los sistemas sanitarios y no hay ninguna razón para que las personas con hepatitis C sean excluidas de este principio.

“Afortunadamente”, ha señalado Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de la Confederación Sindical de CCOO, “hoy tenemos nuevos tratamientos a nuestro alcance que permiten un mayor éxito en la curación”. “Pero si el acceso a los mismos se convierte en imposible por las barreras económicas levantadas por el laboratorio que patenta el producto, es lógico que la reacción sea de frustración y de rabia”.

Según el sindicato, “fabricar sofosbuvir (Sovaldi) cuesta 130 dólares pero el laboratorio ha decidido imponer un coste en Estados Unidos de 84.000 dólares (69.111  euros), precio al que hay que sumar el de los medicamentos que deben acompañar al sofosbuvir. Este precio se ha convertido, además, en la base de negociación en todo el mundo para la venta del medicamento. Y se calcula que hay entre 130 y 150 millones de personas afectadas por la hepatitis C”.

Según CCOO, “el precio de sofosbuvir (Sovaldi) no corresponde a su fabricación, pero tampoco a la compensación de largos años de inversiones, investigación y desarrollo”. “En realidad”, ha añadido, “el precio responde exclusivamente a una política depredadora respecto a la vida y la salud de millones de personas dispuestas a pagar por un tratamiento eficaz frente a su enfermedad”. “Responde a un cálculo derivado de lo que el laboratorio piensa que cada persona, sistema público de salud o compañía aseguradora está dispuesta a pagar, en función de la riqueza personal o colectiva y del número de pacientes a tratar (y de medicamentos a vender). Esto lleva a que en el Reino Unido se venda a 44.843 euros, en España se haya negociado un precio de 25.500 euros y en Egipto o la India sea de 740 euros”, ha continuado.

CCOO cree que la Unión Europea y el Gobierno de España deben impulsar cuantas medidas sean precisas para terminar con estas prácticas abusivas que impiden el acceso a tratamientos adecuados a millones de personas.

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