Andalucía prioriza el acceso y la calidad sanitaria en su presupuesto 2025

La salud, el empleo, la educación, la sostenibilidad ambiental, la digitalización y la innovación son las áreas que la Junta de Andalucía priorizará en sus presupuestos para 2025, con "medidas concretas" que impulsen la inversión privada, el aumento de la competitividad en la región y el refuerzo de las capacidades institucionales para la implementación de políticas públicas de manera eficiente. Así lo contempla el tercer borrador del 'Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025' al que ha accedido Redacción Médica.

"La parte primordial del Presupuesto se destina a fortalecer el Estado del bienestar, garantizando servicios públicos de calidad en áreas esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales", se señala en la exposición de motivos, a través de la mejora a la accesibilidad y calidad de los mismos, así como la reducción de las desigualdades sociales y territoriales, con especial atención en las zonas rurales y los colectivos más vulnerables.

En temas sanitarios, el artículo 8, denominado 'Régimen presupuestario de la sanidad', indica que la Consejería de Salud y Consumo será la encargada de formular un contrato programa con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que contendrá las "directrices de actuación, los objetivos a alcanzar y los recursos" que se le asignarán, aunque no menciona montos. Una vez que dicho contrato programa se concrete, será el SAS el que "desarrollará en consonancia los contratos programa con sus centros o unidades de gestión", según su organización, y establecerán objetivos internos, así como la asignación de los recursos.

Estos contratos programa deberán contemplar los indicadores necesarios "que posibiliten el seguimiento del grado de realización de los objetivos definidos", y serán sometidos a un informe de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Además, con la intención de garantizar las previsiones de cumplimiento del presupuesto, la cobertura de las plantillas presupuestarias, el límite mensual del gasto variable de personal, entre otros, también deberán contar con la aprobación de esta consejería sobre la distribución mensual de los importes.

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo, a cargo de Rocío Hernández, deberá informar a la Consejería de Economía todos los meses, del "nivel de ejecución de los créditos distribuidos", así como del grado de cumplimiento de los objetivos señalados o, en su caso, de las desviaciones producidas.

Retribuciones del personal del SAS

El anteproyecto del presupuesto 2025 tiene un artículo dedicado a las retribuciones del personal del SAS cuyo primer inciso indica que el próximo año percibirán "las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías" que correspondan, según la ley de aplicación en la que se enmarque la contratación, en 14 mensualidades.

Además, detalla que las retribuciones correspondientes a los "complementos específicos y de atención continuada que, en su caso, estén fijados al referido personal, no experimentará incremento respecto del vigente a 31 de diciembre de 2024, sin perjuicio de los incrementos que pudieran autorizarse" según la normativa de aplicación.

Otras retribuciones complementarias "tampoco experimentarán incremento" respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2024 y los complementos de productividad se percibirán por el personal de acuerdo con las dotaciones que estén previstas anualmente.

Precios públicos

La iniciativa de presupuesto también menciona la modificación de la regulación del establecimiento de los precios públicos, de forma que se permita que el Acuerdo del Consejo de Gobierno "se remita a la normativa vigente de la Cartera de Servicios Comunes del SNS en la determinación de los servicios y actividades sanitarias que puedan ser retribuidos mediante precios públicos", siempre que esta remisión esté justificada por la Consejería de Salud y Consumo. 

Según resalta, esta modificación permite y garantiza "una actualización dinámica y flexible" de los servicios y actividades sanitarias, adaptándose a las constantes modificaciones del SNS; y permite fijar "de manera excepcional" la cuantía de determinados precios públicos mediante Resolución de la Dirección Gerencia del SAS, previa autorización de la consejería.