Andalucía crea un protocolo para sanitarias víctimas de violencia de género

La Mesa General de Función Pública de Andalucía ha aprobado un protocolo para la protección de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. El documento, elaborado por el Grupo de Conciliación y Plan de Igualdad de la Mesa General y del que CCOO es integrante, establece el conjunto de medidas y procedimientos para facilitar la protección laboral y/o funcionarial de estas profesionales.
 
El ‘Protocolo de la Administración de la Junta de Andalucía para la protección de las empleadas públicas víctimas de violencia de género’ propone medidas como que las víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios –para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral– tengan derecho al traslado a otro puesto de trabajo, a que sus datos sean especialmente protegidos y a que no se hagan públicos los destinos adjudicados.
 
“Esta confidencialidad se mantendrá en todas las actuaciones y procedimientos relacionados con la situación de la empleada pública como víctima de violencia de género, se protegerá su intimidad y dignidad, así como la de sus descendientes y cualquier persona bajo su tutela, guarda o custodia”, explican desde CCOO.
 
La medida también prevé que aquellas empleadas públicas en situación de incapacidad temporal, motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, puedan percibir el cien por cien del complemento de la prestación. Otros avances del protocolo incluyen el que se inicie el proceso de protección desde el momento en que la víctima lo demande, antes incluso de realizar los trámites administrativos, policiales y judiciales o la flexibilidad en materia de permisos, jornada y movilidad, encaminadas a la protección de la mujer frente al agresor y a favorecer la conciliación de la vida laboral con la personal y familiar de la víctima.