Andalucía aprueba la vuelta a las 35 horas y pide a Rajoy "que no recurra"

La jornada de 35 horas para los profesionales sanitarios en Andalucía ya es una realidad. Así lo ha anunciado la propia presidenta de la junta, Susana Díaz, emplazando al próximo martes el cumplimiento de este compromiso gubernamental con los sindicatos.

En concreto, el pacto alcanzado el pasado mes de junio con CCOO, UGT y CSIF, incluye el también abono del 75% pendiente de la paga extra de 2012 en tres plazos que se harán efectivos el próximo mes de septiembre, en febrero de 2017 y en febrero de 2018. Junto a la recuperación de las 35 horas semanales y este calendario de pago de la extra, el acuerdo también recoge la recuperación de días adicionales de vacaciones -dos ya este año 2016 y otros dos a partir de 2017-, y  la recuperación de las ayudas de acción social en 2019.

La implantación de la jornada de 35 horas da respuesta a una reivindicación de los empleados públicos que permitirá avanzar en sus necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Susana Díaz, que ha realizado este anuncio durante su debate con el presidente del PP, Juan Manuel Moreno, en el Pleno del Parlamento, le ha pedido que inste al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, "que no lo recurra". El miedo de Díaz radica en casos como el  de Castilla-La Mancha, donde el Tribunal Constitucional (TC) anuló el pasado sábado la norma autonómica que fijaba las 35 horas. El Pleno del organismo la declaró inconstitucional por ser "incompatible" con la Ley 2/2012 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El caso de País Vasco, pendiente de la Justicia

El gobierno vasco sigue pendiente la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Esta comunidad consideró que el decreto de 2015 del Estado, mediante el cual los funcionarios recuperan la paga extra y los seis días libres de asuntos propios, ponía fin al periodo de ajustes y por ello decidió dar un paso al frente. 

El Consejo de Gobierno del 2 de febrero de este mismo año aprobó el decreto que fijaba la jornada laboral en 1.592 horas al año, 22 horas y media de presencia efectiva menos que en 2015. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, explicó en su día que de esta forma "el Gobierno vasco cumple su compromiso de devolver al  personal público las 35 horas semanales pactadas con las sindicatos  en el año 2000 y anuladas por el Gobierno español en el año 2012". La comunidad se excusó en que la situación económico-prespuestaria lo permitía.

Pero sólo un mes después, desde Madrid anunciaban que recurriría la decisión vasca al considerar que se rompía la igualdad entre funcionarios. La amenaza se materializó en mayo, cuando la Abogacía del Estado presentó el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.