Andalucía agilizará 900.000 contratos menores del SAS con una nueva ley

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el 'Plan AS', un decreto ley de simplificación y racionalización administrativa. El objetivo, indican desde el Ejecutivo, es "luchar contra el exceso de burocracia". Este decreto ley "potencia medidas de agilización de los procedimientos de menos de 5.000 euros, que podrían afectar a más de 900.000 contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), resalta el equipo de Juanma Moreno.

La normativa modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes. Según el Gobierno, reducirá un 90 por ciento el número de aplicaciones que se utilizan en la Junta de Andalucía, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100. Además, recoge más de 450 medidas de simplificación administrativa "para mejorar la relación entre ciudadanos y administración, con el objetivo de acabar con la complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación", manifiestan desde el Gobierno. "El decreto ley está pensado para acortar los tiempos de respuesta de la administración", apuntan.

Agilización de procedimientos sanitarios

En materia sanitaria, el Ejecutivo destaca que se mejora el procedimiento de evaluación de impacto en la salud con el fin de aclarar y establecer de forma eficiente qué instrumentos se someten a informe, eliminando algunos. De esta manera, se facilita la emisión en un menor plazo y se reasignan de forma eficiente las competencias para que la firma de los informes corresponde a las personas titulares de las ocho delegaciones territoriales.

Asimismo, se mejora el proceso para identificar las actuaciones como proyectos u obras que requieren una evaluación de impacto de salud. El Gobierno eseñala que permitirá concretar mejor las actuaciones que deben informarse desde salud, reduciendo la tramitación administrativa y contribuyendo al ahorro de costes económicos y temporales. Con el decreto ley, el plazo para resolver el procedimiento se estima en 30 días frente a los tres meses actuales. El número de expedientes que se podrían beneficiar de las medidas anteriores se encuentra en torno a los 350 expedientes al año, indica el Ejectuvo. También se modifican los criterios de planificación farmacéutica y de fases del procedimiento de adjudicación de oficinas de Farmacia, así como de la transmisión inicial de la oficina de Farmacia adjudicada.

Gratuidad de productos ópticos

Además, el Consejo de Gobierno también se ha posicionado a favor para la toma en consideración y su conformidad con la tramitación ante el Congreso de los Diputados de la proposición relativa a la gratuidad de los productos ópticos y de salud visual, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía. La propuesta incluiría a estos productos dentro de la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.

"Consciente de que se tiene que seguir profundizando en la cobertura de las prestaciones en materia de salud visual, el Gobierno andaluz ha puesto de manifiesto que es estrictamente necesario que el Estado transfiera a Andalucía los recursos económicos
plurianuales suficientes para hacer frente a esta nueva prestación", señala el Ejecutivo. La proposición de ley presentada estima que la necesidad de financiación anual por parte del Estado a Andalucía para la prestación gratuita para todos los menores de edad superaría los 50,1 millones de euros, mientras que para los mayores de edad en función de su situación económica alcanzaría los 90,3.

El equipo de Juanma Moreno también ha pedido que, para poder presentar la proposición de ley ante la Mesa del Congreso de los Diputados, se concreten y actualicen los datos que se utilizan para su elaboración, y así tener una estimación los más aproximada posible del gasto. Asimismo, ha solicitado que se acote el rango de edades de los menores que estarían incluidos como beneficiarios, ya que la propuesta establece que esta prestación será totalmente gratuita para personas menores y que se deberá establecer un sistema para que las personas adultas paguen aportaciones en función de su poder adquisitivo.