Jesús Aguirre. |
Aguirre recuerda que “las competencias sanitarias y de servicios sociales están transferidas a la Junta de Andalucía, al igual que al resto de comunidades autónomas, lo que conlleva que los servicios básicos en estas materias deban ser financiados con cargo a los presupuestos generales de esa Comunidad, que a su vez, son el producto de transferencias del Estado según lo pactado en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera por la AGE y las CCAA, más la recaudación de los impuestos cedidos a cada comunidad”.
En España, la atención a las drogodependencias forma parte de la cartera básica de servicios aprobada por Real Decreto, lo que significa que dicha atención entra de lleno en los servicios reseñados en el párrafo anterior.
“La Junta de Andalucía es quien decide cómo da cumplimiento y cuánto dinero dedica a la Cartera Básica de Servicios, de la que forma parte la atención a la drogodependencia, pero desarrollando un modelo coherente con la Estrategia Nacional de Drogas y los Planes de Acción que aprobó con su voto en la correspondiente Conferencia Sectorial”, destaca el senador popular.
Aparte, todas las CCAA reciben dinero finalista para prevención, rehabilitación y reinserción de los toxicómanos y para los gastos para la aplicación del observatorio y de la Estrategia Nacional sobre Drogas. Por estos conceptos, Andalucía recibió del Gobierno 1.095.758,74 euros en 2012 y 1.498.677,36 euros en 2013.
Además, la Junta de Andalucía también recibe dinero procedente del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico de Drogas y que en el caso de las Comunidades Autónomas se materializa por la firma de convenios y la financiación de programas propuestos por las propias Comunidades Autónomas. En 2012, este Fondo aportó a Andalucía 1.500.000 euros y 1.579.000 euros en 2013.