La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García.
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía,
Catalina García, ha iniciado este miércoles en el Parlamento el debate a la totalidad del
Proyecto de Ley de Creación del Instituto de Salud de Andalucía. En su intervención, ha asegurado que este nuevo organismo potenciará la I+D+i en salud, centrado, principalmente, en la
investigación biomédica y en ciencias de la salud.
“Es un compromiso electoral y hoy lo traemos al Pleno. El objetivo es dar
cohesión y fortaleza a la
investigación, la innovación y la formación en Andalucía”, ha dicho, al tiempo que ha indicado que este Instituto permitirá la
reordenación del sector instrumental de entidades de la Consejería de Salud y Consumo, además de proseguir con el
esfuerzo de racionalización del sector público andaluz iniciado en la anterior legislatura.
Catalina García ha destacado el
“potente” sistema de I+D+i en salud y en Salud Pública de Andalucía, aunque ha lamentado que hasta ahora no haya existido un organismo público de investigación. Al respecto, ha señalado que en 2022 la comunidad autónoma alcanzó la cifra de 1.879 investigadores contratados, en la Red de Fundaciones de Gestión de la investigación biomédica, un 50 por ciento más que en 2018.
“Un tercio de los investigadores que tiene Andalucía se han contratado en los últimos cinco años”, ha apostillado.
En este sentido, ha subrayado que el propósito del Gobierno andaluz es convertir a esta región en un
referente en investigación e innovación, con más inversión y respondiendo a las reivindicaciones de los investigadores. Y es que, todo ese colectivo de investigadores no tenía, hasta este Proyecto de Ley, un Organismo Público de Investigación, ni tenía forma de llegar a completar su carrera investigadora, ha incidido. “Por eso muchos se iban a las universidades o al CSIC”.
Así, ha considerado que esta Ley viene a resolver esa necesidad y a cubrir esa ambición, así como a
potenciar la I+D+i en Andalucía. “En pocos años el Instituto estará funcionando y en su personal tendremos tanto
funcionarios investigadores biomédicos y en ciencias de la salud, como técnicos de investigación biomédica y en ciencias de la salud”, ha añadido.
La titular de Salud y Consumo ha afirmado que los datos avalan la trascendencia de la estructura de investigación, desarrollo e innovación en Andalucía, respaldada ahora con la creación del Instituto. En esta línea ha reseñado que el presupuesto anual del sistema de I+i es cercano a los
150 millones de euros y que cada año se desarrollan más de 1.000 proyectos competitivos y más de 5.500 estudios clínicos. Asimismo, ha remarcado que sólo en 2022
se contrató a 422 investigadores a tiempo completo en programas competitivos y a 188 técnicos.
Integración como Agencia Administrativa
García, que ha considerado que “la atomización, la dispersión y la falta de ordenación no contribuyen a la eficacia y eficiencia propias del sector público”, ha defendido que “la forma jurídica que corresponde a la importancia que tienen la I+D+i, la gestión del conocimiento y la formación en Salud Pública es la de la
verdadera administración pública, la de agencia administrativa”, siguiendo los pasos de la creación del Instituto de Salud Carlos III.
De este modo, ha detallado, las tres estructuras con las que cuenta actualmente Andalucía, que “en muchas ocasiones trabajan en los mismos temas y en proyectos de forma conjunta”, se van a integrar en el Instituto de Salud de Andalucía, “desde donde
seguirán prestando los mismos servicios”.
La consejera ha abundado en que, hasta ahora, “
ser instituciones diferentes en el día a día limita y entorpece muchas de las iniciativas”. Sin embargo, ha subrayado, la consideración del Instituto como Administración Pública garantizará no sólo la protección de sus derechos y bienes, sino que la gestión de los fondos será más eficaz y eficiente. Así, como ejemplo, ha citado que su actividad dejará de ser financiada de forma excepcional para formar parte del presupuesto de la Administración.
En este sentido, ha defendido que “la verdadera garantía de la continuidad es la integración,
no la actual situación jurídica y financiara”. De hecho, ha señalado, la Fundación Progreso y Salud y la mercantil Escuela Andaluza de Salud Pública SA son entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, “coordinadas y gestionadas desde hace tiempo desde la Consejería de Salud y Consumo”, por lo que, ha subrayado, “en la práctica no tienen autonomía presupuestaria”, así como que “más del 80 por ciento de su actividad se desarrolla dentro del sector público andaluz”.
En este punto, la titular de Salud y Consumo ha insistido en que “con esta integración, tanto la Fundación Progreso y Salud como la Escuela Andaluza de Salud Pública seguirán prestando los mismos servicios que realizaban como entidades instrumentales”, pero, ha añadido, “ahora lo harán como una verdadera Administración Pública, con
garantías y bajo toda la legitimidad que nuestro ordenamiento ampara”.
García, que ha reconocido que esta integración es
“un proyecto complejo, difícil y un gran reto”, ha apuntado que a medio plazo veremos un “potente” organismo público de investigación “capaz de dar la respuesta que necesita nuestro sistema sanitario en investigación, gestión del conocimiento y formación” y por el que “se reconozca a Andalucía desde el exterior como referente en I+D+i en Salud y en Salud Pública”.
La consideración de Agencia Administrativa supone
importantes ventajas basadas en las garantías que ofrece cualquier procedimiento administrativo tanto para el ente como para sus trabajadores, en cuanto a la relación con la Administración de Justicia, en la normativa propia para los procedimientos de concesión de ayudas y la posibilidad de someter las relaciones laborales de sus trabajadores al régimen de los empleados públicos.
Asimismo, el proyecto de Ley integra al Instituto de Salud de Andalucía en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y convierte a la Escuela Andaluza de Salud Pública en un centro de investigación, organismo público de investigación en Salud Pública, que se unen, en la
apuesta del Gobierno andaluz por la investigación en Salud Pública, a la aprobación de la formulación del Plan Andaluz de Investigación e Innovación en Salud Pública del SSPA para el periodo 2024-2027.
El nuevo Instituto de Salud de Andalucía
coordinará la red de centros e institutos y la Red de fundaciones gestoras de la investigación del SSPA. Si bien, ha puntualizado la consejera, el centro del Instituto en Granada seguirá llamándose Escuela Andaluza de Salud Pública y coordinará todos los recursos y las actividades relacionadas con la formación y la gestión del conocimiento.
Funciones y ventajas del ISA
El ISA recoge en sus fines todos los recogidos actualmente en las
estructuras que se integran, entre los que están fomentar la investigación, el desarrollo, la innovación, la transferencia y el emprendimiento en salud dentro del marco del Sistema Andaluz del Conocimiento y del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación; promover la excelencia en la atención sanitaria y el desarrollo profesional; fomentar la formación en materia de salud de la población andaluza, atendiendo especialmente a la cualificación profesional del personal al servicio del Sistema Sanitario Público de Andalucía con carácter prioritario y, en su caso, de otras organizaciones sanitarias.
Otras de sus funciones son las de
impulsar la generación y gestión del conocimiento en los campos de la Salud Pública y de la gestión de servicios sanitarios; generar procesos de formación, asesoramiento, cooperación nacional e internacional e investigación, y crear espacios de colaboración y redes que posibiliten la gestión del conocimiento, la mejora de las competencias clínicas, investigadoras y de innovación y el buen gobierno de los sistemas de salud; impulsar la mejora del Sistema Sanitario Público de Andalucía para mejorar los resultados en salud; y favorecer la interacción público-privada para el desarrollo de la investigación y la innovación en el ámbito de la Salud Pública. Entre estos fines está, ha añadido la consejera, “la consultoría, la transferencia de conocimiento y el asesoramiento”.
La titular de Salud y Consumo ha explicado, finalmente, las
ventajas “sustanciales” que supone la consideración del ISA como Organismo Público de Investigación que, ha señalado, “no es anecdótica ni una cuestión semántica”. En concreto, se ha referido a
regímenes especiales en materia de convenios y de patentes; condiciones especiales para la contratación y epígrafes específicos en la normativa laboral; la posibilidad de constituir empresas innovadoras de base tecnológica; y
crear Institutos Mixtos de Investigación, de la mano de las Universidades Públicas, o que los investigadores doctores puedan dirigir tesis doctorales, o incluso que docentes universitarios puedan desarrollar su investigación adscritos al Instituto mediante los mecanismos de movilidad previstos.
García ha concluido que la creación del Instituto de Salud de Andalucía es una “necesidad” del SSPA, una
“demanda” de los investigadores y un proyecto “garantista que integra y reconoce todos y cada uno de los derechos de los profesionales que se incorporan al Instituto”.
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