"Andalucía no va a privatizar la Primaria; es una polémica inventada"

El viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, ha salido al paso de la última polémica surgida a raíz de la orden que su departamento está tramitando para actualizar y homogeneizar los precios que paga a la sanidad privada por las operaciones, pruebas de diagnóstico y pacientes derivados de centros públicos de Andalucía. En la norma, aún en fase de borrador, también se incluye la tarifa que pagaría la sanidad privada por ofrecer servicios dentro de la Atención Primaria, algo que, según el viceconsejero, solo sucedería en “situaciones muy excepcionales, en caso de catástrofes o pandemias”.

Ante este contexto, Guzmán asegura en una entrevista con Redacción Médica que “en la actual situación asistencial que se vive en Andalucía sería impensable que se deriven a consultas privadas pacientes de Primaria”. Por ello, el viceconsejero cree que esta polémica “es inventada” y responde “al ruido mediático que genera la oposición para desviar la atención hacia temas irreales”.

El nuevo proyecto de orden busca aportar “más seguridad jurídica y transparencia” en el gasto sanitario y, según el viceconsejero, amplía la regulación para incluir “otros beneficios”, como crear “un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar en Andalucía”, y “contemplar todas las posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario, dándonos seguridad jurídica”, incluyendo “todo lo que no regulaba la norma anterior”, como la Atención Primaria. 

En este sentido, la futura orden, por tanto, trata de anticiparse a escenarios de “colapso sanitario” y fijar unas tarifas estándar para que, “en caso de catástrofe”, la sanidad pública no tenga que improvisar precios aleatorios y desiguales en las distintas provincias andaluzas. “Es obligación de toda Administración prever cualquier tipo de contingencia, por ejemplo: pandemias, situaciones de catástrofe, etc”. Y a esa situación se agarra Guzmán para aseverar que “en ningún caso se va a privatizar la Atención Primaria de Andalucía, aunque en la norma no se específica de forma textual esos escenarios de excepcionalidad. En ese caso, especifica la tabla de precios de la normativa, la Junta pagaría a la privada hasta un máximo de 65 euros por derivar la primera consulta a un médico de Familia. Esa cantidad se reduciría un 35 por ciento, si el médico de la privada atiende al paciente en un centro público. 

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"Se va a seguir contando con servicios y profesionales privados para garantizar la atención sanitaria cuando no sea posible por la falta de profesionales"

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Eso sí, Miguel Ángel Guzmán ha admitido que "se va a seguir contando con servicios y profesionales privados para garantizar la atención sanitaria cuando no sea posible por la falta de profesionales que tenemos nosotros y en toda España".

Además, ha criticado que esta polémica salga ahora a la luz coincidiendo con las manifestaciones por la sanidad pública que se están celebrando en otras comunidades cuando "la orden se preparó en junio y ha estado abierta al público entre julio y agosto para presentar alegacionesa a la misma. Es más, se ha puesto en conocimientos de sindicatos y organizaciones de consumidores. De hecho, CCOO ha alegado, no por el fondo de la orden, sino por el lenguaje inclusivo".

El Ministerio de Sanidad responde a la medida

Precisamente, este martes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aprovechado esta polémica para anunciar que el Gobierno actuará "con la contundencia que fuera posible" en caso de que Junta de Andalucía abra la puerta a concertar la Atención Primaria. Miguel Ángel Guzmán cree que Darias con estas palabras intenta “inventar un problema para hacer ver luego que lo ha solucionado”.

Esta orden, ha respondido el viceconsejero, tiene su origen en el pago que “tuvieron que asumir por las derivaciones a Clínicas Pascual durante la época socialista, teniendo que asumir un coste millonario que ellos nos impusieron al no tener un marco de actuación con costes regulados. Ahora, prosigue, "ya no nos impondrán precios fuera de mercado".