UGT ve "tráfico de influencias" en un acuerdo entre Medtronic y Bellvitge

El Hospital de Bellvitge ha alcanzado un acuerdo con Medtronic para equipar la nueva UCI del centro y el asunto parece que no ha gustado nada a UGT, que está en pie de guerra en contra del convenio debido a que considera que se puede estar incurriendo en un delito de tráfico de influencias y en otro de incompatibilidad laboral, según han manifestado a Redacción Médica fuentes de la organización, que, además, cuestiona la ética empresarial de Medtronic.

Para entender bien la historia hay que empezar por un nombre propio: Berta Ortiga. La exsubdirectora gerente del hospital hasta abril de 2015 ostenta ahora un alto cargo en Medtronic en España. Es el nexo principal entre ambas instituciones y una parte fundamental para la firma del convenio para el equipamiento de la nueva UCI del centro por parte de su actual empresa.

Desde UGT señalan que el Bellvitge pertenece a una “empresa pública” y que como tal tiene que “seguir la ley de contrataciones públicas”, algo que no se ha seguido en el caso de la firma para la equipación de la UCI debido a que ninguna otra empresa ha tenido opción a participar en el proceso debido a una técnica que no ha gustado nada en UGT.

“Evidentemente, lo que ha hecho Medtronic es utilizar a una persona que había sido subgerente del hospital hasta abril de 2015 y esta persona, por la Ley de Incompatibilidades, no puede participar en proyectos privados que tengan contacto directo con su antiguo trabajo en Bellvitge”, asegura a Redacción Médica el secretario de organización de la de la sección sindical de UGT en el hospital, Enric Juvé. Esa incompatibilidad que menciona es de dos años, es decir, hasta abril de 2017. Sin embargo, el convenio fue suscrito el 29 de octubre de 2015.

En el marco de esa práctica empresarial “éticamente cuestionable” –como la califica el sindicalista- se produce el hecho de que no ha salido a concurso público el contrato para equipar la nueva UCI dado que para ello se ha utilizado una técnica jurídica denominada, según explica Juvé,  contrato de comodato. La misma consiste en que Medtronic cederá los equipos al hospital, es decir, no hay una compra de material como tal, por lo que se ha podido sortear el 'incómodo' proceso de sacar el tema a concurso público. Con esto se ha logrado que ninguna otra empresa haya podido presentar ofertas.

Aquí es donde comienzan las sospechas de UGT, que no confía en aquello de los ‘duros a cuatros pesetas’. En ese sentido, no tienen claro los importes que deberá abonar el hospital a Medtronic en concepto de los consumibles de los equipos, dado que, por lo general, ese tipo de recambios los fabrica la misma marca que produce el equipamiento. Es decir, no se paga nada por los equipos en sí, pero se paga por su mantenimiento -según mantiene UGT-, que pueden llegar a ser más costoso en el largo plazo.

Por ello, desde la organización sindical se considera que Medtronic puede haber cometido un delito de tráfico de influencias debido a que se cuestiona la relación entre Ortiga –extrabajadora del Bellvitge- y el hecho de que el convenio no haya salido a concurso público y Medtronic –actual empresa de Ortiga- no haya tenido que competir con nadie.

Lo que sí que tienen claro desde la organización sindical es que la actitud empresarial de Medtronic es éticamente reprochable debido a que se han aprovechado de una situación en base al conocimiento interno por parte de uno de sus trabajadores de la contraparte –en este caso un hospital que pertenece a una empresa pública- para la firma de un acuerdo. Desde UGT señalan que tienen en mente iniciar acciones judiciales, aunque para ello primero tienen que recabar datos más concretos del acuerdo.