Objetivo: evitar la subida del IVA sanitario antes del 1 de enero

Enrique Pita / Imagen: Adrián Conde, Pablo Eguizábal
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena a España por la aplicación ilegal de un tipo de IVA reducido a los productos sanitarios puede suponer una bomba en la línea de flotación de la sanidad privada y las empresas del sector de tecnología sanitaria al unirse a los problemas derivados de la crisis y de la deuda endémica de las administraciones. Redacción Médica ha reunido a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), el Instituto para el Desarrollo e  Integración de la Sanidad (IDIS) y la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) para debatir acerca de las consecuencias que puede tener para el sector y cuál debe ser la estrategia a seguir para defender ante Europa la necesidad de mantener vigente un tipo reducido para estos productos.
 

De izquierda a derecha: el gerente de la FNCP, Carlos Rus; el director de Operaciones del IDIS, Manuel Vilches, y el director de Fenin Cataluña, Carlos Sisternas.

¿Qué situación deja la subida del IVA a los productos sanitarios?

Carlos Rus, gerente de la FNCP: Desde un principio las tres instituciones que estamos sentadas en esta mesa hemos venido trabajando juntas en esta materia. De hecho, nos hemos visto un poco sorprendidos porque teníamos planteado que esta sentencia no saliera hasta dentro de dos o tres meses, con lo que ya estábamos trabajando con mucha antelación, y pensando qué impacto podría suponer para tener una actuación de cara a la administración. Ha sido una sorpresa que la sentencia llegue tan pronto, pero no nos ha cogido desprevenidos.

Hay dos vías de trabajo que se marcaron directamente desde un principio por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Por un lado, a nivel interno, está trabajar con la Administración para que el impacto sea lo menor posible y ahí se hicieron una serie de propuestas. Hay una segunda vía que es a largo plazo pero que creo que tiene más posibilidades de llegar a buen puerto, que es la vía europea, es decir, hacer este cambio de paradigma a nivel europeo. En este sentido, si el IVA afecta por igual a todas las personas y los tipos reducidos se justifican porque hay una serie de necesidades que son básicas y por tanto, las rentas más bajas, que son las que se ven más perjudicadas por el IVA, necesitan ese tipo reducido para poder acceder a esa necesidad básica. Creo que ese es el trabajo que hay que hacer en Europa, conseguir que tributen a tipo reducido no solo las medicinas sino también otra serie de productos, no solo para minusválidos, porque el problema de las minusvalías es que depende mucho de la legislación a nivel interno, porque a nivel europeo tiene una definición, pero luego a nivel interno hay muchas situaciones distintas.

Se está trabajando en ambas vías y se tiene que seguir avanzando en ellas. A nivel interno creo que la posición del Gobierno tiene que ser positiva, fundamentalmente porque a él también le va a repercutir el IVA. Políticamente no sé entre la autonomía y el Gobierno central cómo estará la situación, porque hay que preguntarse quién recauda el IVA y a quién le afecta. Es decir, la sanidad es una competencia autonómica, el gasto es de la autonomía, el porcentaje de subida del IVA lo paga la comunidad, pero lo recauda el Gobierno central, salvo excepciones. Por eso creo que tiene un interés especial. Además, creo que es una oportunidad para que el Ministerio de Sanidad demuestre liderazgo. Ha habido muchas iniciativas que intentan dar unidad al Sistema Nacional de Salud, y creo que esto del IVA es algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo, desde el Gobierno a las patronales, y creo que tenemos que apoyarnos.

Manuel Vilches, director de Operaciones de IDIS: Como ha adelantado Carlos este aumento del IVA no nos ha pillado por sorpresa, pero sí nos ha pillado antes de lo previsto. En cualquier caso, desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) hemos intentado ponerlo en números haciendo un estudio preliminar muy rápido que creo que merece la pena dar a conocer para que sepamos en qué afecta. El ejercicio que se ha tratado de hacer es una extrapolación sobre un grupo de hospitales y sus cuentas de resultados y cómo se verían afectadas aquellas partidas que se ven incrementadas del 10 al 21 por ciento. Esto supone, por hacernos una idea, que la cuenta de resultados del hospital se ve afectada en más de un 1 por ciento, donde sus ingresos pasan a ser gasto directo. Este aumento del IVA afecta a todos, sean públicos o privados, y prácticamente el 18 por ciento de los hospitales privados pasarían a tener un Ebitda negativo y otro 35 por ciento rondaría el cero. Ese baile con el cero de Ebitda es gravísimo porque cuando se incluyen amortizaciones y demás se convierte en pérdidas. Es decir, prácticamente el 50 por ciento de los hospitales privados están entrando en riesgo.

Esto tiene un efecto derivado sobre el ámbito laboral y la viabilidad de los puestos de trabajo, y nos encontramos con que estos hospitales en riesgo y este incremento del IVA podría acabar afectando a cerca de 20.000 puestos de trabajo de forma directa. Y eso solo si tenemos en cuenta ese 18 por ciento, porque si introducimos el otro 35 por ciento serían muchos más puestos de trabajo en peligro.

Por último, el 85 o 90 por ciento de nuestro trabajo se realiza con aseguradoras privadas, y si la provisión sanitaria transfiriera este incremento de costes directamente a las aseguradoras, estas tendrían que hacer un incremento anual de su precio en torno a los 23 euros de media, con lo que una familia normal tendría un incremento de 100 euros de gasto en seguro privado de salud.

Asumimos que es una sentencia y que habrá que aplicarla, lo que nos parece más razonable es estudiar bien, muy bien, cómo aplicarla, no tener excesivas prisas ni correr porque puede haber muchos damnificados  y es un ejercicio de responsabilidad por parte de todos evitarlo, el primero el Gobierno, que hay que reconocer que comprende perfectamente la problemática y también están buscando las fórmulas para solventarlo. Así, lo primero es pensar y trabajar mucho en lo que ya ha adelantado Carlos de la asignación o la interpretación de lo que consideramos una minusvalía o una discapacidad para tratar de trabajar en el ámbito de aplicación del IVA reducido. Yo siempre pongo un ejemplo: cuando me quito las gafas soy totalmente minusválido porque no veo. Desde ese momento tengo una discapacidad y una reducción de mi capacidad. Entonces, dónde tenemos la línea entre lo que es discapacidad y lo que no. Creo que esa es una de las líneas más importantes de trabajo.

Además, creo que habría que abrir otra línea de trabajo que consistiría en trabajar para abrir posibles líneas de compensación hacia la provisión, que se ve afectada directa o indirectamente con estos 11 puntos de incremento y desarrollar posibilidades múltiples. Nosotros hemos planteado la desgravación fiscal o que los funcionarios de las comunidades autónomas pudieran entrar en el ámbito de Muface, pero hay otras muchas, como trabajar también en ese IVA que no podemos repercutir los hospitales, puesto que todo gasto médico no tiene IVA asociado.

Carlos Sisternas, director de Fenin Cataluña: En 2010 se pagaba por producto sanitario un tipo reducido del 7 por ciento. Se está planteando que en tres años pasemos al 21 por ciento. Es decir, un incremento del 300 por cien sobre algo que como ha dicho Carlos es un producto básico, de primera necesidad, y para nosotros es incomprensible que un producto de primera necesidad no tenga un IVA como el que beneficia a productos como la leche o el pan o un medicamento.

La industria aborda una época especialmente conflictiva. A la subida del IVA debemos añadir la deuda sanitaria, que bien es cierto que ha mejorado en los últimos años, que el Gobierno ha hecho un esfuerzo con el Plan de Pago a Proveedores que permitió cancelar una parte importante de la deuda, y ahora con el Fondo de Liquidez Autonómica,  pero a día de hoy nos acercamos a los 3.000 millones de euros de deuda. El tercer problema es el devengo, es decir, tú pagas hoy el IVA en el momento en el que pagas la factura, pero cuando esa factura tenga un 21 por ciento de IVA y lo pagues en el día 0 y lo cobres dentro de dos años, la industria está abocada a asumir una quinta parte del coste de ese IVA en el momento 0 que no va a recuperar cuando cobre la deuda en el tiempo en que estamos hablando.

Ante este escenario, Fenin y el resto de instituciones que nos acompañan se plantean ganar tiempo, lo que implica que si esta medida se aplica en este momento, con los presupuestos sanitarios cerrados, con los objetivos y los presupuestos de las empresas cerrados, es una catástrofe porque no tenemos tiempo para ajustar. Por eso, lo primero que pedimos es ir por lo menos al 1 de enero de 2014 y hasta entonces organicemos la casa, tanto en la administración como en la industria.

El segundo planteamiento es intentar darle un ámbito lo más amplio posible a los productos que todavía pueden seguir dentro de este tipo impositivo reducido. No es una tarea fácil, porque aquí probablemente la administración y nosotros estamos en el mismo lado de la mesa, queremos evitar el peso de este IVA que a mí me parece injusto, pero no debemos defenderlo a nivel interno sino ante las instituciones europeas.

En la primera defensa que hizo la administración española a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se intentó ampliar el concepto de producto farmacéutico, y eso se echó atrás, con lo cual un argumento que podríamos esgrimir tiene posibilidades. Hemos de explorar otras cosas, como intentar ampliar el concepto de discapacitado, etc. Pero no va a ser fácil, con lo que el escenario probablemente será que algunos productos puedan salvarse y otros tengan que asumir este tipo impositivo por la sentencia de fuera.

Una cosa que hemos hecho ha sido buscar comparativamente en otras regiones de Europa qué tipo de IVA se aplican. Es verdad que mayoritariamente en Europa se aplican tipos impositivos generales al producto sanitario, pero hay muchísimas excepciones, y esas excepciones son las que nosotros vamos a intentar acoger. Esta es la postura de Fenin, pero quizá haya que ver un último punto. Supongamos el escenario de los productos que vayan a pasar al 21 por ciento. Qué se puede hacer. Por ejemplo, un TAC, que probablemente es un producto que muy difícilmente no vaya a ponerse al tipo general. Si hace tres años tenía un tipo del 7 y ahora lo tendrá del 21 en solo tres años subirá su precio un 14 por ciento. ¿Quién va a asumir eso? La ley es clara, y dice que lo asume la parte compradora, pero yo también entenderé cuando la parte compradora venga y me diga que no puede asumir esa subida. Aquí hay dos escenarios, o lo asume la parte compradora y tiene que dotarse presupuestariamente de un dinero superior para poder hacer frente a ese pago, y si es una clínica privada al final tendrá que transmitir ese gasto a quien al final tiene que pagarlo, o la presión se traduce a la industria, que tendrá que detraer de sus márgenes ese incremento del IVA, cosa que la empresa hará en su ejercicio libre de dar un descuento o no darlo. Es un escenario muy complejo en un mundo que ha sufrido en los últimos años por todos los ángulos muchísimos golpes y zancadillas.

¿A qué obliga la sentencia?

Carlos Rus: La sentencia lo que supone es que todo lo que no afecte a un minusválido o a un medicamento tiene que empezar a tributar al tipo general. Con respecto a la aplicación de la sentencia podemos decir que la UE es flexible siempre y cuando una vez que se produce la sentencia y en un tiempo razonable el Gobierno comience a dar los pasos para que se cumpla no se va a producir una sanción, da cierto margen de maniobra, y en ese margen el Gobierno va a hacer este trabajo que estamos haciendo.

Estamos viendo la postura del Gobierno, pero tiene dos caras. Nosotros tenemos al Ministerio de Sanidad que dice que esto es un problema, y puede que el de Industria y Turismo también lo opine porque el efecto directo que tiene la sentencia es que los equipos van a ser cada vez más obsoletos y los vamos a tener que soportar un periodo mayor de tiempo, vamos a amortizarlos más tiempo, porque si no ese 14 por ciento el hospital será incapaz de soportarlo. Es decir, tendremos una sanidad cada vez peor. Pero por otra parte el Gobierno puede pensar que esto es una mayor recaudación, y por lo tanto soluciona un problema. Además, hablamos de algo que afecta a una partida que supone un 35 o 40 por ciento de los presupuestos autonómicos, y la parte de personal es importante, pero la de medicina y la de tecnología es mucho más importante. Creo que lo que fundamentalmente necesitamos es aprovechar que tenemos la posibilidad y la capacidad para trabajar con el Gobierno y sacar esa información que no tenemos, porque en muchos casos hacemos suposiciones. Sanidad es uno de los sectores en los que la información es más tardía, para tener datos de lo que está pasando este año hay que esperar a 2014, necesitamos dos años para tener esa información, y hay muchas propuestas que se ponen sobre la mesa del Gobierno y que no pueden salir adelante porque no sabemos medir el impacto y no tenemos la información para hacer ese estudio. Cuando se va a trabajar a nivel político uno tiene que llevar un buen estudio, un dossier, información contrastada, etc., pero tenemos la imposibilidad en muchos casos de tener esa información, pero si ahora tenemos la oportunidad de trabajar conjuntamente con la administración se puede resolver.

Manuel Vilches hablaba de una serie de medidas que podrían paliar y solucionar absolutamente la subida del IVA y, además, con una repercusión positiva para el Gobierno y para el ciudadano.

Carlos Sisternas: La sentencia es de aplicación inmediata, lo que pasa es que además dice que si aprecia una dilación indebida en la aplicación España se enfrentaría a una multa muy significativa. Pero ¿qué es dilación indebida? He consultado a muchos abogados y es un término muy ambiguo. Lo que nosotros creemos que es la Administración tiene que trabajar, demostrar que está trabajando y exigir un tiempo razonable para que esto se ponga en marcha que nosotros estimamos o deseamos que sea en enero de 2014 porque permitiría ajustar presupuestos de la industria, de la provisión sanitaria privada y pública, de la administración, etc.

Como decía Carlos, no olvidemos que en las autonomías el gasto sanitario puede representar entre un 35 y un 40 por ciento del total. En Cataluña, de donde yo vengo, el Departament de Salut es la porción de tarta de gasto más alta de todas, con lo cual la repercusión es muy importante.

Lo que dice la sentencia es algo muy sencillo. Hay una directiva europea sobre el IVA que permite aplicar el tipo reducido a unos productos determinados y según la sentencia España ha aplicado esa directiva de una forma demasiado amplia, y según ellos la directiva es muy restrictiva y significaría que la ley del IVA debería ser tan restrictiva. Pero hay una discrepancia, porque si fuera así, todo el ámbito de Europa tendría un tipo general absolutamente para todo, y no es así. Hay tipos reducidos en Italia del 4 por ciento para productos sanitarios, en Irlanda de tipo 0. Es decir, hay ejemplos de lugares donde no se está aplicando el tipo general al producto sanitario. Pero la sentencia dice que se aplique inmediatamente y que se restrinja al máximo a los productos para discapacitados y a otros productos muy limitados como gasas, etc.

Una cosa que me preocupa es que creo que Europa quiere eliminar los tipos reducidos y superreducidos. Creo que Europa, Bruselas, sueña con un tipo general para toda Europa, que simplifique el mercado único, etc. Puedo comulgar con esa idea porque sería muy cómodo, pero volvemos a lo mismo: para qué aplicar un tipo general a un producto que es básico, que los asume de una manera u otra el consumidor.

Manuel Vilches: No era una sentencia imprevista, pero no por conocido es menos doloroso cuando llega. La diferencia está en que no es lo mismo tratar de subirle tres puntos impositivos al alcohol, el tabaco, los productos textiles que al producto sanitario. La diferencia con el producto sanitario es bastante grande, primero por el destinatario final, que al fin y al cabo no deja de ser el usuario, con independencia de dónde reciba atención sanitaria; y en segundo lugar porque esta actuación sanitaria es de los pocos actos que están exentos de IVA, y como tal no se puede repercutir ese IVA que estás adelantando. Es decir, es finalista, te quedas con él y te lo llevas directamente a tu cuenta de resultados. Desde mi punto de vista esto es un doble perjuicio para el usuario final, que no deja de ser el ciudadano. Pensamos que es ahí donde se debe trabajar.

En Europa lo que pasa es que cada uno aplicó en su momento la normativa, porque la sentencia es bastante difusa en general, no especifica, no baja al detalle, y queda algo abierta. Ese es el ámbito de trabajo en el que queremos avanzar, porque hay diferentes formas de aplicar este concepto de IVA al producto farmacéutico, hay nichos en los que hay que trabajar. Y por eso creo que el momento en que se aplique es más un deseo, porque se aplicará en el momento en que crean que deben hacerlo. Lo que ocurre es que hay muchos problemas para aplicarla sin ser injusto.

La sentencia afecta a todo lo que son prótesis, stents, etc., pero podríamos poner un ejemplo como el de los stents medicalizados. ¿Qué ocurre con ellos? Como llevan medicación, ¿van a tributar al 4 por ciento y no al 21? Podría pensarse. Habrá que trabajar en eso, porque lo que no parece razonable es que en un tema de impacto económico se pueda plantear siquiera remotamente la indicación de poner un stent con o sin medicamento, y además con una muy significativa diferencia de precio de uno a otro, con lo que creo que al haberse quedado tan abierta la sentencia y dejar marcado que lo único que se queda en tipo reducido es lo que esté destinado al uso de minusválidos, creo que hay que trabajar en esa línea.

De hecho, estamos trabajando ya. Hay un grupo de trabajo en el que tomamos parte todos los grupos que están representados en esta mesa y junto a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la Dirección General de Tributos, Hacienda…ya hay un grupo de trabajo para dirimir estas dudas que nos han quedado abiertas. Sabemos que habrá algunas partidas que será muy difícil conseguir que se establezcan como producto farmacéutico o como destinadas a tratar una minusvalía, pero hay otras que estamos seguros que sí podrían entrar en esta clasificación, y ese es el trabajo que nos toca hacer y no está siendo fácil ni relajado. Se está trabajando de forma muy intensa para que en Europa no piensen que estamos dilatando.

Carlos Rus: Desde el principio hemos contado con todas las patronales, no se cerró la puerta a ninguna, de hecho, está Anlac, que es de reciente creación. Cuando planteamos este proceso descubrimos que Fenin tenía ya mucho trabajo hecho. Nosotros propusimos sentarnos, convocar a todo el mundo y comenzar a trabajar, pero su trabajo estaba ya muy avanzado.

Creo que hay soluciones. Que la sentencia entre en vigor en enero de 2014 parece lógico porque tiene que haber una modificación normativa y los presupuestos de las autonomías y del Gobierno central tienen que modificarse, y parece lógico que se aproveche la ley de presupuestos del próximo año e incluyan la modificación normativa y se haga de una forma más lógica. No creo que tengamos otro septiembre negro, o espero que no. Además, parece que en Europa se podría entender como algo lógico, por lo que entiendo que enero de 2014 es una fecha posible. Que fuera 2015 sería un sueño y un problema para el Gobierno. Septiembre de 2013 sería una pesadilla.

Hay soluciones para que el efecto fuera neutro, y esas soluciones están en manos del Gobierno, pero requieren un esfuerzo importante. Estudiando la desgravación fiscal del seguro de salud, la afectación que tiene directamente es que va a crecer el precio, una parte la asumirá la compañía, otra el centro sanitario, pero la aseguradora, que supone un 65 por ciento de la facturación de un hospital privado de media, también tiene que subir sus pólizas. Al final es igual cómo lo dibujes porque el efecto lo vamos a repartir entre todos, y una parte la va a tener el ciudadano, que va a ser un afectado más de toda la cadena.

La subida del IVA afecta también al sector público, pero está mucho más focalizado en el sector sanitario privado. La factura del hospital público no se va a ver incrementada, aunque habrá que tocar la parte laboral, es decir, al final esto está cubierto por la cuota que aporta el trabajador, el IRPF, y por lo tanto te preguntas dónde está el incremento…

Manuel Vilches: Se verá, claro que se verá. La deuda se verá incrementada…

Carlos Rus: Ese es el problema, la situación en la que se encuentra, pero al final va a haber una mayor afectación del sector privado.

Manuel Vilches: Es más directa, sí. Se afectan por igual y debemos tener en cuenta qué partidas han disparado la deuda sanitaria global, que la gran parte es pública porque desde la sanidad privada se sigue pagando. La deuda sanitaria pública se ha disparado y de una manera escandalosa, porque ha sido la única partida que ha seguido creciendo a pesar de la reducción presupuestaria a todos los niveles y lo único que ha seguido creciendo ha sido el gasto sanitario.

El problema es que se va a incrementar directamente en la misma proporción que la subida del IVA. El usuario no lo va a notar entre comillas, porque estamos en un entorno en el que se están buscando fórmulas de extrapolación de la responsabilidad o de corresponsabilizar al propio usuario: sea constitucional o no, que ya se verá, el euro por receta; la redefinción de la cartera de servicios, y lógicamente aquello que suponga un incremento sustancial en el coste directo, que es gran parte de las partidas de las que hablamos, va a acabar repercutiendo.

Afecta a todos, pero a nosotros nos afecta directamente y en sector público lo que generará es un desajuste presupuestario en este año, si se aplica en 2013, muy importante, porque son 11 puntos para toda la partida de materiales, suturas, prótesis, etc. Los incrementos más importantes de gasto en los últimos años en las consejerías han sido dos partidas: oncología y prótesis. Ha sido lo que ha disparado los presupuestos. En oncología la medicación no se verá afectada, pero todo lo demás se va al 21 por ciento. Aplicarle un 21 por ciento a una prótesis de cadera, a una prótesis de rodilla, a un implante coclear, a un marcapasos o a un desfibrilador que te mantiene vivo parece un poco excesivo.

Carlos Sisternas: Es verdad que en la privada directamente se va a sufrir el efecto, pero en la pública va a ser algo parecido, porque si la cosa funciona como debe, e incluso si la industria mantuviera su nivel de base imponible, el problema es que el presupuesto sanitario tiene que afrontar una compra con un 11 por ciento más de coste. En el mejor de los casos lo que supone es que dispone de un 11 por ciento menos para comprar. Así, se puede plantear que si hay que renovar un TAC quizá se espere dos o tres años, lo que permite minorar gastos. O si a una persona hay que hacerle una serie de pruebas preoperatorias, análisis clínicos, o diagnóstico in vitro, igual se intentará saltar alguna de ellas. Es decir, puede intentar minimizar, con lo que la industria, en un escenario que ya es muy complejo, recibirá un mercado aún más minorado y el paciente tendrá una atención probablemente más limitada porque no habrá los recursos disponibles.

Si esto hubiera ocurrido en los años de bonanza, y aunque habría sido un  gran problema, quizá el escenario sería distinto. Pero en años como estos…El sector de Fenin que está más afectado por la crisis es probablemente el de electromedicina, que son materiales que tienes que inventariar, que son caros y que se pueden prolongar. En este escenario y si el precio final aumenta, lo que habrá es una menor renovación de equipos, y llega en un momento en el que todo es malo: hay deuda, los presupuestos están siempre superados, las compras están bajando, el mercado está de baja, el IVA reducido ya ha subido dos veces (primero del 7 al 8 por ciento y ahora al 10, y ahora vamos al 21), etc. Es decir, que aquello de que a perro viejo todo son pulgas creo que es un ejemplo excelente de cómo va la situación.

¿Están encontrando la colaboración de las administraciones?

Manuel Vilches: Por nuestra parte el feedback que hemos tenido no puede ser más positivo. Entienden perfectamente el problema, y no solo lo entienden sino que lo sufren. El IDIS ha hablado con el Ministerio de Sanidad y el mensaje ha sido claro en el sentido de colaboración máxima, comprensión absoluta y vamos a trabajar juntos de la mano en este tema. Carlos Sisternas nos podrá contar reuniones que se han producido con la Dirección General de Tributos a las que básicamente va Fenin para hacer operativas las reuniones, porque ir todos no tiene sentido, y creo que se está trabajando también con el mismo afán de colaboración y cooperación entre las partes.

Otra cosa es que sea factible o no lo sea, pero desde luego la colaboración y la comprensión por parte de la Administración es real. Creo que es de las primeras veces que se ve un alineamiento de posturas, aunque otra cosa muy diferente es que luego haya posibilidades de éxito.

Carlos Sisternas: En la línea de lo que dice Manuel, que creo que lo ha resumido perfectamente bien, en primer lugar creo que la Administración está en el mismo lado de la mesa que nosotros, y da gusto encontrarse una Administración que entiende el problema. El ‘enemigo’ está en Bruselas, no está en España.

En este momento tenemos dos frentes de trabajo. Por un lado, el Ministerio de Hacienda, al que vamos a enviar una carta pidiéndole tiempo. Y luego el segundo sería la Dirección General de Tributos, el Ministerio de Sanidad, la Agencia del Medicamento y de Productos Sanitarios, con los que intentamos argumentar de cara al exterior. La sentencia es una mala sentencia. Ya en 2010 empezamos a trabajar en ello con una resolución motivada, etc., y la sentencia viene porque Europa denuncia al Reino de España por no haber hecho caso a esa resolución motivada.

Lo que estamos trabajando ahora en un grupo más técnico es intentar, en un escenario muy difícil, que ciertos ítems que tiene la industria sanitaria (estamos hablando de 400.000 referencias distintas) queden en el tipo reducido. El director general de Tributos nos pidió soluciones sencillas, pero es difícil intentar poner orden, y para ello estamos unificándolos en familias, subfamilias, categorías, e intentaremos asignarlo como hemos dicho, es decir, lo que va a solventar un problema y es algo que permanece en el cuerpo, eso a nuestro entender debería ser aceptado con un tipo reducido.

El problema es que la defensa no la va a hacer el sector, sino la Administración. Lo que saldrá del trabajo conjunto es la argumentación, y aquí quiero decir que la Dirección General de Tributos y la Agencia del Medicamento y de Productos Sanitarios han sido muy colaboradores. Es cierto que al final de las reuniones ellos ven dificultades en muchos argumentos que nosotros aportamos porque creen que es difícil venderlos fuera, pero creo que la propuesta es conjunta, aquí todos tenemos que aportar y entender qué tiene sentido que se mantenga en el tipo reducido y defenderlo con comparaciones con Europa, con especificaciones, etc. El problema de la discapacidad en España es que tal como está tienen que reconocértela con un papel en el que dice que eres discapacitado. Eso no será un problema, porque los productos para esa gente estarán al tipo reducido, pero tenemos que lograr que discapacidades transitorias, es decir, si te caes al suelo y te rompes la cadera, esa prótesis debe seguir al tipo reducido.

Ahora lo que tenemos que hacer es contestar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vuelvo a los ejemplos sencillos. El TUE ha dictado sentencia, y lo que viene después de la sentencia es ‘cúmplase la sentencia’, y ahora nosotros nos defendemos. ‘Sí la estamos cumpliendo’, pero no con todo al 21 por ciento porque creemos que esto, esto y esto todavía entra en el espíritu del problema, que es la directiva del IVA, que es la que tenemos que cumplir. El problema es que se considera que España no ha cumplido la directiva del IVA que ha dictado Europa.

Aquí hago un inciso. Una batalla a más largo plazo en la que también estamos trabajando y para la que también hemos redactado unos documentos es que seguimos diciendo que el tipo reducido tiene sentido y que el producto sanitario debería estar en ese tipo, pero vamos más allá y decimos que si hay un tipo superreducido como es el del medicamento, el producto sanitario también debería tener el superreducido. Por tanto, no solo no tributar al 21 sino irnos al 4 por ciento. Creemos que tiene muchísimo sentido, pero el interlocutor al que tenemos que convencer ahora es al TUE de que estamos haciendo una aplicación de la sentencia razonable, sin dilaciones, y que además recoge el contenido de la sentencia, que no es fácil. Pero creo que aquí es contribución de todos encontrar aquellos productos en los que podemos defender ese tipo reducido, y confío en que muchos de esos productos sigan dentro de ese tipo.

Manuel Vilches: La complejidad que expresaba Carlos en esos 400.000 productos es tal que yo entiendo perfectamente que la sentencia haya que estudiarla muy mucho. Poniendo ejemplos cercanos, creo recordar que la adscripción de los productos a los diferentes grupos en España proviene de primeros de los años 90. Y desde entonces hasta ahora han surgido infinidad de nuevos productos, infinidad de nuevas familias, que no estaban valoradas, que no estaban contempladas, que no se había pensado en ellas y que desgraciadamente no podemos tirar por elevación sino que hay que verlo con cuidado.

El ejemplo más cercano que tenemos es una bomba de insulina implantable, que me parece que es uno de los mayores avances que ha hecho la medicina. La insulina, como medicación, seguirá tributando al 4 por ciento, y la bomba para suministrar esa insulina se va a ir al 21 por ciento, con lo que va a limitar la posibilidad de aplicarla. Sinceramente no me parece razonable, y creo que el problema es que esto no estaba contemplado en su momento y no ha llegado a valorarse. Falta un poco de información al respecto, menos generalidad, y más bajar al detalle, porque en el ámbito sanitario no hay blancos ni negros, hay una amplísima gama de grises sobre la que hay que trabajar, entrando mucho en la finalidad del producto, porque obviamente la finalidad de un medicamento es solventar una enfermedad o una minusvalía y es exactamente igual lo que queremos que se valore para que determinadas familias puedan mantener un tipo reducido, y no quiero ni contar si se aplica un superreducido, que sería lo lógico. En algún país de la Europa comunitaria determinadas familias están gravadas a tipo cero porque se considera que la finalidad merece una excepción.

Carlos Rus: Creo que al final la delimitación de productos podrá tener ciertas dudas, pero no creo que sean tantas. Se podrá conseguir que determinadas ramas que tengan esa modificación a nivel interno y ver después que pasa en Europa. Creo que en enero de 2014 va a entrar en vigor y creo que habría que trabajar con el Gobierno en que ciertas inversiones ya aprovechadas por ese cambio normativo tuvieran una aplicación progresiva, es decir, para inversiones de cierto calado, o de cierto volumen económico, se pudieran prever, y creo que no entraría en conflicto con la UE el hecho de que se dijera que para equipos tecnológicos con un precio superior a tal cantidad que se dé un plazo hasta junio o septiembre del próximo año.

Creo también que la batalla a nivel europeo es una batalla de años. Creo que hay que implicar a las patronales europeas. En nuestro caso, vamos a proponerlo en la Unión Europea de Hospitales y esperamos que tenga una buena acogida, y esperamos que esa batalla que está llevando a cabo Fenin podamos apoyarla y secundarla. De hecho, lo hemos hablado esta semana con los homólogos franceses y estaban total y absolutamente interesados, y además les parecía muy interesante y se han comprometido a apoyarnos en el Comité Ejecutivo.

Sigo pensando que hay soluciones a nivel interno que al Gobierno le van a parecer mucho más complejas que plantearlas en Europa, pero que podrían disminuir los impactos. Vuelvo a decirlo, si se produjera la desgravación fiscal del seguro de salud, esos 23 euros de aumento se verían perfectamente asumidos por IRPF. Nosotros hemos ido más allá porque nos pareció tan buena idea lo del seguro que ha promovido siempre el IDIS que hemos pedido la deducción de todo gasto sanitario, entendiendo que si yo tengo un gasto sanitario cubierto por la sanidad pública, que en la privada ese gasto me sea deducible. Y hablamos de una media de factura privada pura en torno al 10 por ciento, pero si ese señor tiene ese acto cubierto por la sanidad pública y ha decidido pagarlo de su bolsillo en la privada, entendemos que pueda deducírselo. Cuando lo hablamos con la Dirección General de Tributos se nos dijo que la situación es muy complicada para poner en marcha una medida de este tipo, requeriría un estudio con una información y datos que no tenemos. Bien, pero entendemos que tendría un impacto muy positivo y sería una medida antifraude importantísima.

Creo que habría muchas formas de ir minorando los impactos, como por ejemplo dar una definición de minusválido más amplia. Por ejemplo, se puede decir que una persona no es minusválida porque se le está poniendo una prótesis de cadera, porque si no, sí lo es, y por lo tanto creemos que toda medida que reconduzca una situación de minusvalía temporal porque va a haber una intervención que la va a arreglar, esa persona tiene que ser considerada minusválida. Y volvemos a reducir un poco el impacto porque tiene afectación directa sobre la industria y la desgravación sobre la persona, y todo ello tiene un impacto positivo sobre el centro hospitalario y también para la aseguradora. Esto son medidas que puede tomar el Gobierno ya, que puede plantearse estudiar ya, y creemos que son las que tendrían que ponerse en marcha.

Así, igual que estamos hablando de que hay una vía nacional y otra que es la europea, también hay que decirle al Gobierno que igual que vamos a trabajar a nivel europeo, deberíamos empezar a trabajar lo nacional.

De izquierda a derecha: el gerente de la FNCP, Carlos Rus; el director de Operaciones del IDIS, Manuel Vilches; el director general de Sanitaria 2000, Ricardo López, y el director de Fenin Cataluña, Carlos Sisternas.

Carlos Sisternas: Soy optimista por naturaleza, y creo que hay muchas cosas que se podrían hacer. En primer lugar, ganar tiempo hasta 2014, ojalá que fuera junio o julio, pero si no, enero. Después, ojalá pudiéramos optar a una aplicación progresiva que permitiera que fuera incorporándose cuando la crisis vaya mejorando. Respecto a la aplicación, hablaría del ámbito más amplio posible. Es verdad que antes he dicho que un TAC o el diagnóstico in vitro lo tienen muy difícil para tributar en el IVA reducido, pero es que el diagnóstico in vitro tiene un valor de diagnóstico con la medicina personalizada tremendo. Y ese medicamento que tienes que aplicar para el cáncer de mama, que tributa al 4 por ciento, necesita una prueba de diagnóstico in vitro que lo hace al 21 por ciento, y puede generar un ahorro brutal.

Lo que yo querría, siendo muy optimista, es que todos los productos sanitarios tuvieran el tipo impositivo reducido.

Por otra parte, yo hablaría de un plan como el de la industria del automóvil. El sector de la tecnología sanitaria es un sector muy importante del que nos beneficiamos todos, y entre poder tener una buena prótesis de cadera y un coche bonito estoy seguro que elegiría tener una buena prótesis.

Me ha gustado mucho la iniciativa que ha comentado Carlos sobre la Unión Europea de Hospitales. Sería intentar que la próxima directiva del IVA, que está en discusión ya, reconozca el valor del producto sanitario y ahí sería más valiente e iría al tipo superreducido.

Estoy muy de acuerdo con la desgravación, por supuesto. Otro problema que tenemos es que se destine a la sanidad el dinero que hace falta, porque yo creo que solo hay tres valores en la sociedad actual que son críticos: sociosanitario, educación y sanidad. Estamos envejeciendo, y ese es un área crítica; la educación de nuestros hijos, que es la que va a sostenernos a todos cuando nos hagamos mayores y que nos permitirá seguir siendo un país que innove; y la sanidad, que es básica.

Además, tenemos que corregir la lacra de la deuda, y el devengo, si la deuda no existe, no me preocupa tanto, pero si sigue existiendo deberíamos hacer frente al IVA en el momento en que se cobre la deuda.

Manuel Vilches: Estamos convencidos de que la sentencia se va a aplicar, lo único que queremos es que se aplique de una forma razonable y que no haya damnificados por el camino por tomar actitudes fuera de lugar o prisas excesivas. Que sigamos en la línea de trabajo que se ha marcado ya; seguir insistiendo en la ampliación del ámbito de la minusvalía y la adscripción de todos estos productos al IVA reducido. Coincido en que la nueva Ley del IVA debería tener estos planteamientos que propone Carlos encima de la mesa antes de que se pusieran a valorarla y que tengan capacidad de discriminar todas las implicaciones que van a tener las decisiones que adopten.

En nuestro caso hablamos de un sector que mueve ahora mismo 27.000 millones de euros, el 3,2 por ciento del PIB, y si contamos los conciertos nos vamos a más de 100.000 millones de euros, que se van a ver afectados directamente. Y como Carlos, yo también quería comentar ese plan similar al del sector del automóvil, porque es muy gráfico, y si se ha hecho con los coches, por qué no se puede hacer con los hospitales. Creo sinceramente que no hay mala disposición en el Gobierno a estudiar este tipo de actuaciones.

Además, creo que los incrementos de IVA que se pudieran generar por la recaudación de esta subida, deberían destinarse a compensar esa misma subida. Hemos planteado posibilidades de todo tipo para compensar la subida, desde la desgravación fiscal de los seguros o ampliar del número de personas que pudieran atenderse dentro del ámbito de las mutualidades, que se ha demostrado que es un sistema que ahorra dinero al Estado. Este tipo de proyectos creo que son los que deberíamos trabajar a medio y largo plazo.
 

Conclusiones

Carlos Sisternas: Pediría a la Administración que sea valiente. Tenemos muy poco que perder y muchísimo que ganar. Debemos ser valientes todos: los que tenemos las ideas en la cabeza, los que nos ayudan en la Administración para plasmarlas y los que las defienden. Así, pido valentía para que entre todos podamos defender un tema que no es fácil, en el que estamos todos juntos y que hemos de intentar defender nuestro criterio. El único resquemor es que a veces no sé si somos lo suficientemente valientes. Por otra parte, pediría generosidad. Este es un ámbito que no se puede ser más significativo. Estamos ante una necesidad de primer orden.

Al menos, en el peor de los escenarios lo que pediría y es innegociable es que una serie de productos que corrigen minusvalías, discapacidades, salgan del tipo general y se mantengan al tipo reducido. Creo que es incuestionable. Pero pediría valentía para ir a más.

Quizá pediría también un enfoque holístico del problema. Afecta a todos, a los pacientes, a los ciudadanos, a las empresas que dan provisión de sanidad pública, a la Administración, etc. Todos nosotros vivimos de esto, de mi IRPF cada mes sale una parte que va a sanidad, cada mes pago mi seguro de salud, y con lo cual me siento económicamente y como ciudadano necesitado de todos estos servicios. Creo que es un tema en el que hay que emplearse a fondo.

Manuel Vilches: Además de pedir valentía al Gobierno quiero dar un paso adelante para decir que cuentan con toda la colaboración del sector, del primero al último, que estamos dispuestos a trabajar lo que haga falta para ayudar en este proceso. Que no piensen que estamos hablando por hablar, sino que estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para colaborar con ellos en todo lo que precisen. Podemos hacer lo que quieran al respecto de reforzar el mensaje para que entiendan en Europa lo que afecta este golpe a productos que consideramos de absoluta primerísima necesidad.

En segundo lugar, y yendo más a la aplicación de la sentencia, nos gustaría que se pudiera mantener una aplicación razonada en el tiempo; la discriminación de los productos en el ámbito más generoso posible; la clara definición de minusvalía o discapacidad, incluso entrando en una redefinición en la ley, que es propia y ahí no entra Europa a definir qué es un minusválido; y desarrollemos medidas complementarias de compensación a todas las divisiones que se vean directamente afectadas: desgravación fiscal, ampliación de funcionarios en el modelo Muface, ampliación de los conciertos, un plan para renovación de tecnología, etc. Es decir, actuaciones que puedan compensar y reducir el efecto que tendrá sobre el usuario, que es sobre quien repercute al final.

Carlos Rus: Creo que esta es una batalla de varios años. La sentencia tendrá una aplicación rápida, y una vez llegue ese hito, que creo que conseguiremos, y que tenga una aplicación razonable, que haya ciertos productos que se pongan en tela de juicio, después hay que continuar, y creo que lo que se persigue al final se consigue.