El Gobierno garantiza que todas las administraciones pagarán en 30 días a final de año

Redacción. Madrid
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que “a finales de año, todas las administraciones públicas pagarán a los proveedores en 30 días”, durante la defensa en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

Cristóbal Montoro.

"Traemos los mecanismos financieros para que sea factible hacerlo así, para que la recuperación de la imagen de un país que es capaz de afrontar sus compromisos en forma de pago a los proveedores sea factible y real", señaló el ministro en su intervención, en la que explicó que este Plan contra la Morosidad es continuidad de los anteriores planes de proveedores aprobados en 2012 y 2013, y será el último.

Montoro aclaró que no es un nuevo plan de proveedores, sino un Plan de Tesorería para que las Administraciones Territoriales actualicen deuda comercial para pagar en 30 días: “En los anteriores planes de proveedores se trataba de sacar lo que había en los cajones. Ahora, todo está contabilizado en términos de déficit reconocido como deuda comercial, una deuda comercial que no está pagada. Lo hacemos con la tranquilidad de que todo está ya sobre la mesa, no nos vamos a encontrar nada, no va a aflorar déficit, vamos a trasmitir la fiabilidad de que es una operación para financiar lo que ya está reconocido", subrayó.

En su intervención, recordó que se abonarán facturas vencidas, líquidas y exigibles anteriores a 31 de mayo de 2013 y contabilizadas, así como que las comunidades autónomas y ayuntamientos que se acojan deberán elaborar un Plan de Ajuste con medidas encaminadas a la devolución del préstamo. Por lo tanto, el Plan contra la Morosidad no supondrá un déficit adicional para las Administraciones Territoriales.

Como novedad, se podrán incluir las facturas pendientes de proveedores de universidades, las transferencias de las Comunidades Autónomas a las Entidades Locales, el pago de determinadas sentencias judiciales firmes y las transferencias a asociaciones sin fines de lucro y con fines sociales. Según Montoro, “son pagos que van a ir destinados al tercer sector, a dependientes, a mayores y a los colectivos más necesitados, como desarrollo de las políticas sociales”.

Igualmente, como novedad, en el caso de los subcontratistas, se les permitirá conocer el estado de la deuda del contratista principal o proveedor de la administración.

"Estamos al final de un proceso que significa claridad, transparencia en las cuentas públicas, saneamiento de esas cuentas, veracidad, fiabilidad también por parte de los gestores y una operación financiera de calado que viene a reforzar el argumento del Gobierno de que con ello estamos finalizando la recesión", concluyó.