Ajustes 'exprés' en precios de contratos para proteger al sector healthtech

Una situación que se está alargando demasiado en el tiempo. Es lo que viven las compañías dedicadas a la tecnología sanitaria desde hace tres años debido al alto Índice de Precios de Consumo (IPC). Este hecho está empezando a poner en riesgo su viabilidad y sostenibilidad y, como consecuencia, el acceso de los pacientes a estas innovaciones también peligra. Establecer medidas de ajuste de los precios en los contratos y permitir la adecuada indexación podrían solventar esta circunstancia.

"La situación cada día es más comprometida ya que en los tres últimos años el IPC acumulado. Es decir, los costes absorbidos por el sector son del 16 por ciento sin haber tenido posibilidad de compartirlos con los servicios de salud", explica Pablo Crespo, director de Operaciones de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), para Redacción Médica. "Es por tanto imprescindible establecer medidas de ajuste (al alza o a la baja) de los precios de los contratos públicos para garantizar la viabilidad de los mismos y asegurar el acceso de los profesionales y pacientes a la tecnología sanitaria", añade.

Concretamente, lo que está ocurriendo es que la gran mayoría del sector aplica el convenio colectivo de la industria química, que indexa los salarios al IPC. Es decir, las empresas en estos años han tenido que asumir un incremento salarial del 16 por ciento de todos sus empleados, pero también han tenido que asumir el incremento de los costes de la energía, según Crespo . "Todos sabemos lo que ha sido porque lo hemos vivido en nuestras economías domésticas, también hemos visto el efecto que ha tenido la escasez de chips y semiconductores (necesarios para muchos productos sanitarios) que han encarecido su adquisición de forma espectacular", sostiene.

No es la primera vez que hacen esta llamada de auxilio, ya que desde que comenzara la pandemia del Covid-19 ha sido la tónica habitual. En palabras de la federación, las compañías están en una "situación límite debido al incremento sin precedentes de los costes de la energía, las materias primas, los costes laborales, etc".

Asimismo, a esta situación se le suma que el sector de la tecnología sanitaria es "muy heterogéneo" y, por tanto, las estructuras de costes también son muy diferentes. No es lo mismo el impacto en una compañía que fabrica o distribuye suturas que para una que fabrica o distribuye TACs. Por ello, habría que ver cada caso para entender el impacto que tiene la inflación en una compañía concreta y "adoptar las medidas necesarias para garantizar su supervivencia y viabilidad en un entorno como el actual, tratándose de un sector esencial para la salud pública como el nuestro", insisten desde Fenin.

Indexación de contratos de tecnología sanitaria

Una de las principales soluciones para aliviar los sobrecostes es la indexación de contratos públicos de suministro y servicios, donde están incluidos también los de tecnología sanitaria. Durante los últimos ocho años, esta posibilidad no estaba ya que se quitaron las cláusulas que lo permitían, sin embargo, desde mayo de este mismo año se volvieron a integrar con la Ley 11/2023.

No obstante, a pesar del cambio, Crespo lamenta que es "prácticamente imposible" de aplicar porque no contempla la inflación ni cuentan con indicadores públicos: "Para poder indexar los contratos públicos, según las posibilidades que marca la ley, ha de identificarse para cada producto/servicio el porcentaje de contribución de la energía (factible), de sus productos intermedios (complejo y variable entre los mismos tipos de productos de distintas empresas) y de sus materias primas (complejo y variable entre los mismos tipos de productos de distintas empresas) y referenciarlos a indicadores públicos oficiales".

De hecho, otra opción que plantea el sector, además de la creación de esos parámetros, es volver al mecanismo de 2015 que actualizaba el precio de los contratos públicos aplicando el 85 por ciento del IPC, una medida que fue "eficaz para dar viabilidad a los contratos" y cuya aplicación no produjo efectos de segunda ronda si vemos el comportamiento que tuvo la inflación en los años anteriores a 2015. Por lo tanto, mientras este panorama no cambie, las empresas "seguirán sufriendo" los sobrecostes.