Trabas burocráticas y rigidez en una Ley de Ciencia "contraria a la UE"

El anteproyecto de la Ley de la Ciencia, que modificará la normativa actual de 2011, no aborda la necesidad de reducir las trabas burocráticas innecesarias ni aumentar la autonomía y la capacidad de gestión de los centros de investigación y de las universidades. Esta es una de las conclusiones de un documento publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que critica que el nuevo texto presentado por Diana Morant no corrige los problemas relativos al exceso de regulación, “la verdadera clave del éxito de un buen sistema de ciencia”.

Según el comentario de Clara Eugenia Núñez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Uned, el anteproyecto pierde la oportunidad de diseñar el marco institucional que precisa el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti) para ser competitivo; un marco equiparable al que, axplica, tienen los países con sistemas de ciencia e innovación más potentes, capaz de atraer talento, generar conocimiento y establecer relaciones sólidas y fructíferas con la sociedad.

“El marco institucional que propone esta Ley no solo no elimina las barreras existentes, sino que introduce nuevas rigideces que elevan los costes a los agentes, investigadores y empresarios, y dificultan su capacidad de establecer una relación fluida, estable y fructífera a medio y largo plazo, y de aprovechar las oportunidades de colaboración y de financiación que ofrece el sistema público de ayudas a la investigación, nacional y europeo”, lamenta, subrayando que “es contrario al espíritu y a los nuevos enfoques que la propia UE recomienda a través de sus nuevos programas de financiación”.

Organismos de investigación

Por otro lado, Núñez señala que, aunque se enumeran los centros de investigación a los que se da consideración de Organismo Público de Investigación de la Administración General del Estado, “no se propone medida alguna que les dote de la autonomía necesaria para hacer una gestión más eficaz, ni se establecen mecanismos de control de resultados más allá de anunciar que se “establecerán medidas para optimizar y mejorar las medidas de evaluación” de su actividad”. “No se hace referencia expresa a otros centros de investigación, algunos de reconocido prestigio, ni a las propias universidades”, añade.

Además, afirma que las medidas que introduce en cuanto a la gestión de subvenciones y ayudas públicas a la investigación e innovación son necesarias, pero “insuficientes”. Asmismo, considera que tampoco introduce ninguna medida que facilite el contacto, la comunicación y el establecimiento de relaciones estables a medio y largo plazo entre las empresas, grandes y pequeñas, y el Sistema de Ciencia del país, sin las cuales “no es posible la generación de conocimiento potencialmente útil y su fluida transferencia al sector productivo”.