Rubio: “El Registro Estatal de Profesionales no va a sustituir las funciones de los Colegios”

María Márquez / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
El Ministerio de Sanidad ha acogido la presentación del borrador del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS). En la jornada, organizada por la Dirección General de Ordenación Profesional, ha intervenido el vocal asesor de la misma, Joaquín Rubio, para eliminar dudas sobre una posible invasión de competencias con los Colegios profesionales. Es una de las más de 40 alegaciones que el Ministerio ha recibido del proyecto de real decreto.

La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, ha inaugurado la jornada acompañada por el director general de Ordenación Profesional, Javier Castrodeza. En la imagen, les acompañan algunos de los ponentes, como Ricardo Rivero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca; María Jesús Macías, jefa de Área de Proyectos del SNS de la Subdirección General de Tecnologías de la Información; Carmen Aguirre, directora general de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud, y sus homólogos en la Comunidad Valenciana y Murcia, Javier Lázaro y Pedro Luis Zaragoza (dcha).

Rubio ha dejado claro que el futuro real decreto no “va a sustituir las funciones de los Colegios, porque el REPS no las regulará”. A esto ha añadido que si hay “discrepancia entre registros”, se considerarán “fuentes primarias y secundarias” de información, aspecto que pese a no constar en el redactado actual del borrador “se está considerando”, según el vocal asesor. En la misma línea se ha manifestado sobre la presencia de las oficinas de farmacia como aportadoras de datos, algo que los Colegios Oficiales de Farmacéuticos no comparten. “El encaje de las farmacias tendría que ser considerado. Hay profesionales que trabajan en estos establecimientos cuyos datos serían difíciles de registrar”, ha admitido Rubio. Preguntado por los asistentes a la jornada, también ha aclarado que la inscripción en el REPS “será declarativa, no constitutiva”, lo que significa que el profesional puede estar inscrito en una base de datos autonómica y no en la estatal para poder ejercer.

Necesidad de una tipificación legal expresa para infracciones

Sobre el régimen jurídico del Registro ha reflexionado Ricardo Rivero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Rivero ve “urgente” la puesta en marcha del mismo para “planificar y coordinar” adecuadamente la situación de casi un millón de profesionales. Ha recordado además “el papel esencial” del Consejo Interterritorial “en la operativa”, y ha recomendado a las autoridades sanitarias que añadan una “tipificación legal expresa” en lo referente a las infracciones, ya que el proyecto de norma solo tiene como referente la Ley 14/1986 General de Sanidad. Será la Secretaría General de Sanidad la que resolverá los recursos de alzada “para casos difíciles o controvertidos”.

Junto a los aspectos informáticos, explicados por María Jesús Macías, jefa de Área de Proyectos del SNS de la Subdirección General de Tecnologías de la Información del Ministerio, quien ha recordado que la web ministerial contará con un área privada tanto para el profesional como para el ciudadano, la jornada ha servido para conocer de cerca tres experiencias autonómicas que han tenido una puesta en marcha casi idéntica en el tiempo. En el caso de Canarias, cuyo primer envío de datos al nodo central ministerial se producía en 2010, la directora general de Recursos Humanos, Carmen Aguirre, ha admitido que su base de datos necesitaría añadir numerosos ítems que precisa el REPS. Javier Lázaro, su homólogo en la Comunidad Valenciana, ha alabado la iniciativa de Sanidad destacando, entre otras cuestiones, que supondrá un instrumento eficaz contra el intrusismo profesional. En el caso valenciano, son 28.000 los profesionales registrados a partir de un Decreto-Ley de 2009, procedentes tanto de los centros de gestión exclusivamente pública como los concertados (cinco Departamentos de Salud). En ese mismo año comenzaba la andadura del registro murciano a través de la Ley 3/2009, convirtiéndose en operativo doce meses más tarde. El director de Recursos Humanos, Pedro Luis Zaragoza, ha manifestado sus “dudas sobre la carga masiva” que se volcará en el REPS, si bien ha resaltado que será “una oportunidad para superar las dificultades” de la iniciativa autonómica.

El afán colaborador del Ministerio

Tanto la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, como el director general de Ordenación Profesional, Javier Castrodeza, han coincidido en reseñar la urgente necesidad del REPS. Para Farjas, se abre “una nueva etapa en la atención sanitaria en España”, al tiempo que lo ha definido como clave en el freno al intrusismo profesional, y en la garantía de “mayor calidad y seguridad” en la atención al paciente. Por su parte, Castrodeza ha explicado que “la atomización del colectivo de los profesionales sanitarios” precisa un registro de estas características que, ha resaltado, “no hará preponderante el papel del Ministerio sobre otras entidades”. Con el borrador en trámite de audiencia, ha subrayado que su equipo sigue abierto a “cualquier sugerencia” antes de su puesta en marcha a finales de este año.

Seis autonomías no cuentan con registro propio

Según fuentes del Ministerio de Sanidad, a día de hoy las autonomías de Canarias y Comunidad Valenciana son las que cuentan con un registro de profesionales sanitarios más completo, más cercano a la idea que proyectan en el Paseo del Prado. Para seis comunidades sigue siendo un reto pendiente: Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Madrid y Navarra. En el caso cántabro, consta en el articulado de la Ley 9/2010 de 23 de diciembre de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, si bien no se ha desarollado. Y en Extremadura, ultiman su desarrollo normativo tras llegar a un acuerdo con los Colegios Profesionales provinciales.

Entre los asistentes a la jornada, se encontraban parte del equipo del Sector de Sanidad de CSi·F, como el presidente nacional, Fernando Molina, y Francisco Toquero, secretario nacional de Prensa y Comunicación. A continuación, el presidente del Sindicato de Enfermería Satse, Víctor Aznar, y el secretario de Acción Sindical de Satse, Rafael Reig.

De izquierda a derecha, Ana Aliaga, secretaria general del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; Pilar de Lucas, presidenta de la Separ; y Juan Antonio López Blanco, subdirector general de Ordenación Profesional.