Javier Leo / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
Las tres sociedades de médicos de Atención Primaria (AP), Semfyc, Semergen y SEMG, han vuelto a salir a la palestra para denunciar la “discriminación” que sufren los especialistas de Familia en buena parte de las comunidades autónomas para prescribir los nuevos anticoagulantes orales y para pedir al Ministerio de Sanidad que se plantee la erradicación del visado de inspección de medicamentos en el primer nivel asistencial.
José Luis Llisterri, presidente de Semergen, Benjamín Abarca, presidente de SEMG, y Josep Basora, presidente de Semfyc. |
Las sociedades científicas de AP coinciden en que el viasdo no es más que una “traba burocrática” que "no aporta beneficio alguno" y que “solo sirve para demorar el acceso de los pacientes a determinados fármacos”. Para Josep Basora, presidente de Semfyc, la permanencia del visado “es un atraso” y un “sinsentido” ya que, “si exigen resultados a Primaria en el control de enfermedades, no es lógico que tengamos trabas en la prescripción”. “Si hay consensos científicos no se necesitan visados. Se pueden establecer todos los controles de calidad que se quieran, pero nunca antes de la prescripción”, ha subrayado.
Un paso más allá ha ido el presidente de Semergen, José Luis Llisterri, quien ha aseverado que a la Administración “no le importan los resultados en salud. Así lo demuestran con estas medidas economicistas y cortoplacistas”. Sobre la situación concreta de los anticoagulantes, Llisterri ha señalado que “si España no puede permitirse el lujo de prescribir medicamentos caros porque es un país pobre, pues que no los aprueben, pero no podemos permitir trabas como las que se están poniendo a estos tratamientos”.
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Temor a que se dispare el gasto
En concreto, desde Primaria señalan a Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León como las comunidades en las que los médicos de Familia deben derivar al paciente a otro especialista (cardiólogos e internistas, fundamentalmente) para que prescriba estos medicamentos al paciente. Mientras, en las otras diez, se les permite prescribir previa aprobación del visado de inspección.
Benjamín Abarca, presidente de SEMG. |
Esta “inequidad” manifiesta entre comunidades enoja a las sociedades científicas, que ven como las autonomías citadas se ‘saltan a la torera’ el consenso aprobado por la Agencia Española del Medicamento (Aemps) y el Consejo Interterritorial perjudicando a la buena praxis y a la calidad asistencial ofrecida desde Primaria. Según ha explicado el presidente de SEMG, Benjamín Abarca, esta negativa a que se prescriban los nuevos anticoagulantes desde Primaria está basada en el “temor a que se dispare el gasto”.
Un temor “infundado” ya que, a largo plazo, los beneficios de estos medicamentos en la prevención de accidentes cardiovasculares compensan sus costes, argumenta. Hoy dia en España se calcula que unos 800.000 pacientes están anticoagulados. De ellos, en torno al 30 por ciento no responden de manera eficaz al tratamiento clásico y son susceptibles de ser controlados con los nuevos medicamentos. Sin embargo, solo el 5 por ciento de ellos lo recibe.