Carmen Mancheño (CCOO), Ana Francés (UGT) y Fernando Hontangas (CSIF).
Los sindicatos lo tienen claro: el método para mejorar la
protección a los sanitarios expuestos a sustancias cancerígenas no pasa por aplicar
incentivos salariales, sino por reforzar la prevención. Es lo que trasladan desde
CCOO, UGT y CSIF a
Redacción Médica en un contexto clave para en el resideño del modelo de salud en el trabajo: por un lado, el
Ministerio de Sanidad trabaja en un plan nacional de prevención del cáncer de origen laboral cuyo borrador prevé tener listo en abril, según indicaron fuentes del departamento a este medio; por otro, la cartera de Trabajo abrió este mismo mes la Mesa de Diálogo Social para actualizar la
Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.
“La salud no se negocia ni se compra con dinero”, destacan fuentes de UGT a este periódico, algo que sostienen también en CSIF: "No podemos defender que la peligrosidad se compense con un
incentivo económico. Lo que reclamamos es más vigilancia para la
detección precoz de casos de exposición a agentes cancerígenos, más notificación por parte de administraciones y la empresa privada y
más protección de los trabajadores".
En la misma línea,
Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral de CCOO, asegura que la “filosofía” de su sindicato “siempre es hacer prevención”, a lo cual añade: “En la mayoría de sectores se puede controlar o incluso eliminar el riesgo”. Al respecto, en CSIF inciden en "no permitir que se
arriesgue la vida de los trabajadores sanitarios, que supone un elevado coste para loa afectados, sobre todo si existe una infradeclaración porque no perciben la
prestación por enfermedad profesional". Se trata de posturas no sólo coincidentes entre sí, sino también, a priori, con las intenciones de Sanidad a través del citado
plan contra el cáncer laboral.
Listas de fármacos cancerígenos y registro de profesionales
Para conseguir mitigar dicho riesgo, las fuerzas sindicales consultadas han puesto sobre la mesa en los últimos años diversas peticiones de modificaciones normativas que han tenido su eco tanto a nivel estatal como comunitario. “A base de movilizaciones hemos conseguido que la
Directiva europea sobre cancerígenos lleve varias revisiones”, recuerdan en UGT.
Desde el sindicato remarcan que varias de sus propuestas, como la elaboración de sendos listados de
medicamentos potencialmente cancerígenos y peligrosos, y la creación de
dispositivos bioseguros para manejar cancerígenos en hospitales, ya quedaron reflejadas en dicha normativa comunitaria. “Ahora tiene que trasladarse a la legislación española”, agregan.
Por su parte, Mancheño señala que, en ese proceso de trasposición de la Directiva europea al ordenamiento jurídico nacional -un trámite ya en marcha que depende del departamento de Trabajo-, CCOO incluyó, entre sus enmiendas, una antigua reivindicación: hacer un
registro de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos “como principal herramienta para planificar la
vigilancia postocupacional” de estas personas una vez finalizada su vida laboral.
Complemento al Sistema de Vigilancia del Cáncer
La responsable de CCOO, de hecho, considera “indispensable” poner en marcha esa medida para que el
Sistema de Vigilancia del Cáncer anunciado por la ministra de Sanidad,
Mónica García, en el marco de la futura
Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, sea efectivo.
“Si no tenemos un listado con nombres y apellidos de trabajadores, concretando a qué han estado expuestos, dónde y durante cuánto tiempo, no podremos hacer esa labor de vigilancia de la salud, especialmente en los casos de empleados jubilados. Espero que el
Ministerio de Trabajo sea sensible y recoja nuestra petición”, señala.
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