Muface apunta a batalla jurídica si el Gobierno pulsa el botón de prórroga

Todos los escenarios están abiertos. El de la supervivencia de Muface y el de su desaparición. O el de la prórroga, que obligaría a las aseguradoras a seguir dotando de servicios sanitarios a 1,53 millones de personas durante nueve meses después de que el concierto sanitario haya vencido. O no. Hay un planteamiento. Un galimatías. Un enredo jurídico que puede acabar con las entidades médicas y el Gobierno en los juzgados. La interpretación de la Ley de Contratos del Sector Público es clave en todo este asunto. Todo el enigma se encuentra en el artículo 29, en el apartado 4. "Ahí es donde puede haber dos lecturas distintas. Y, en una de ellas, las aseguradoras pueden recurrir la prórroga y acabar en los tribunales con el Gobierno", asegura Lois Regueira, de Zeres Abogados. 

El letrado de este despacho incide en que hay dos interpretaciones posibles. La primera es la que se está manejando desde hace casi un mes, cuando Adeslas, Asisa y DKV dejaron desierto el proceso de licitación de Muface. Dos días después de ese 'no', la Dirección General de la mutualidad se vio obligada a convocar, de carácter urgente, al Consejo General del modelo. En dicha reunión, el Gobierno aclaró que "disponía de los mecanismos suficientes en la Ley de Contratos del Sector Público". Fue entonces cuando se empezó a hablar de la prórroga, a pesar de que el Ejecutivo no habló de esa herramienta específicamente. No obstante, y aunque no la mencionase, "es la única herramienta posible que aparece en la norma". Así lo especifica Regueira. 

¿Cómo pueden escudarse las aseguradoras?

La segunda lectura es la que puede dinamitar Muface. "Si no hay una licitación antes de que acabe el contrato. Si no hay unos plazos antes. Es en ese momento cuando, si la Administración se escuda en la prórroga, las aseguradoras pueden recurrir argumentando la primera parte del artículo de la Ley", incide el abogado. Ahí es donde reside el inicio de ese galimatías jurídico.

La norma especifica: "Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario".

"Asisa, Adeslas y DKV pueden decir que como la primera licitación, en el caso de que no se establezca una segunda, llegó a mediados de octubre, no se hizo con esa antelación mínima: la de los tres meses respecto al vencimiento del contrato", explica Regueira. "Podrían alegar que no se dan los requisitos necesarios para que el Gobierno se escude en la prórroga. Y es verdad. Todo depende de cómo se interprete", remata. Además, Regueira detalla que, de darse esta posibilidad, el proceso "podría ser muy lento".

Fuentes de las aseguradoras, preguntadas por este escenario, no han querido hacer declaraciones. Tan solo han aclarado que "solo están pensando en la nueva licitación" .

El Gobierno aún puede blindarse

La otra lectura de la norma beneficiaría al Gobierno. En ella, el Ejecutivo haría uso de la prórroga y las entidades no podrían rechazarlo. El escudo con el que podría blindarse el Estado se encuentra, precisamente, en la frase siguiente que sucede al primer escenario. "Tratándose de un contrato basado en un acuerdo marco o un contrato específico en el marco un sistema dinámico de adquisición, se hayan enviado las invitaciones a presentar oferta del nuevo contrato basado o específico al menos quince días antes de la finalización del contrato originario", dice la norma. 

En otras palabras, si Muface presenta la segunda licitación en los 15 días previos a la finalización del contrato, que acaba el 31 de diciembre, Asisa, Adeslas y DKV no podrían recurrir y se verían obligadas a seguir dotando de sus servicios al menos durante nueve meses. 

"Ambas posibilidades están abiertas. Todo va a depender de la interpretación de la ley", explica el letrado. No obstante, desde su punto de vista, lo más probable es que impere la segunda lectura "si el Gobierno no se da mucha prisa". "De aquí al 31 de diciembre puede ocurrir de todo con Muface. Ya lo hemos visto en los dos últimos meses", concluye. 

Mientras, la asistencia sanitaria de 1,53 millones de personas -entre titulares y beneficiarios- sigue en el aire. Su futuro se decidirá en las próximas semanas, con la consulta preliminar, cuyo plazo de presentaciones finaliza el 4 de diciembre, y con la prisa del Gobierno a la hora de lanzar la nueva licitación. Por el momento, el tiempo para Muface sigue corriendo.