Media sanidad española sigue sin recuperar la jornada de 35 horas

La recuperación de la jornada de 35 horas ha sido una de las principales reivindicaciones de la sanidad española durante los últimos años. Desde el año 2011, y según ha podido comprobar Redacción Médica, un total de nueve comunidades autónomas ya la han vuelto a instaurar después de que, debido a la crisis económica, el Gobierno decidiera establecer un calendario laboral de 37,5 horas.

Lo cierto es que el aumento de las horas de trabajo se propuso como una medida temporal ante de las dificultades que atravesaba el país. Pero casi ocho años después tan solo nueve regiones han recuperado la jornada de 35 horas para sus facultativos. Se trata de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco, La Rioja y Navarra.

No obstante, cabe destacar que tan solo en los últimos tres años, crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 de por medio, han sido cinco comunidades las que han recuperado la jornada de 35 horas. En 2019, tan solo cuatro las habían vuelto a implementar: Extremadura, Andalucía, País Vasco y Castilla-La Mancha. En este tiempo, se han sumado Asturias, Canarias, Cantabria, La Rioja y Navarra.

Esto quiere decir que, a pesar de que se perdió la jornada de 35 horas a raíz de la crisis económica de hace más de diez años, no ha sido hasta las tres últimas anualidades cuando las comunidades autónomas han apretado el acelerador.

Sin embargo, aunque han conseguido recuperar la jornada de 35 horas, desde las Islas Canarias critican que “la mayoría de turnos en sanidad son de 12 horas, algo que los trabajadores no quieren, pero que beneficia a las gerencias y a la Consejería”, según explica Octavio Sánchez del sindicato Asamblea7islas a este diario. “Esto afecta de lleno a los turnos que tienen menos personal, porque se tienen que repartir entre menos personas, lo que se traduce o en turno más largo o que no se puedan cubrir”, asegura. En este sentido, el representante sindical canario destaca que "nosotros volvimos al acuerdo de 35 horas después de numerosas movilizaciones y, ante una nueva rebaja, estaríamos a favor, sin dejar de lado el incremento del gasto que esto supondría, del cual somos conscientes". 

Entre los territorios que aún mantienen las 37,5 horas, existen esfuerzos y situaciones particulares que les acerca a las 35 horas. Es el caso de Castilla y León, donde la jornada de 35 horas se ha comenzado a aplicar en periodo estival.

En la Comunidad Valenciana, según explica fuentes de CCOO a este diario, existe una jornada anual de 1.589 horas efectivas, lo que supone una media de 37,5 horas semanales. Sin embargo, gracias a la reducción de la jornada nocturna (donde cada hora real trabajada computa como si fueran 1,25) en ocasiones los profesionales sanitarios pueden hacer semanas con 35 horas. Pero todo depende de los turnos de trabajo.

Por otro lado, existen otras comunidades donde la meta aún parece lejana, como es el caso de la Región de Murcia. Aquí, “se continúa con las 37,5 horas desde 2011”, según explica a Redacción Médica el secretario general de CCOO en la comunidad, Miguel Ángel López. “El Gobierno regional se niega a rebajar a las 35 horas siguiendo la normativa que establece que no se puede bajar si hay un déficit económico” en las cuentas del Ejecutivo. Como posible solución, y en línea a lo que se hace en otras comunidades, desde la región proponen "adaptar la fórmula de 35 horas de trabajo más 2 horas y media de formación", que es lo que piden muchos trabajadores para poder atender además las necesidades de los trabajadores.

En otras regiones, como Aragón o las Islas Baleares, las jornadas de menos horas también parecen algo lejano. Así, en Galicia, “nunca hubo jornada de 35 horas”, tal y como recuerdan desde UGT. Mientras, en Cataluña los sindicatos han pedido la instauración de esta jornada en las diferentes mesas de negociación del ámbito sanitario.

Finalmente, en la Comunidad de Madrid, CSIT lamenta que esta cuestión “nunca se ha querido tratar” por parte de la administración. “Lo hemos planteado varias veces en la Mesa General de Empleados Públicos y a la Dirección General de Función Pública, sin éxito”.