Mayoría autonómica en contra del nuevo modelo de financiación sanitaria

Los criterios de la financiación autonómica en materia sanitaria no cuenta con el respaldo de la mayoría de las regiones. La distribución, atendiendo a la población ajustada, sigue sin contentar a las zonas más despobladas, las cuales ponen el foco en la falta de recursos que les impiden atender las demandas de su población y la correcta cobertura de los servicios públicos, entre los que se encuentra la sanidad.

Durante el pasado mes de enero, las regiones han remitido al Minsiterio de Hacienda y Función Pública sus consideraciones, criticando la mayoría de ellas el criterio de reparto y la cuantificación del gasto sanitario. Así, entre las nuevas medidas que afectan a las regiones en el bloque sanitario se sitúa el paso de 7 a 20 en los grupos de edad para determinar la variable de población protegiada a nivel sanitario. Una variable a la que las regiones más despobladas señalan la necesidad de reflejar las condiciones socio-económicas de la población destinataria y por tanto las necesidades de gasto autonómico. 

Precisamente, tal y como avanzó Redacción Médicca, el Ministerio de Hacienda trabaja en la reforma del modelo de financiación autonómica pero prefiere esperar a evaluar las alegaciones que presenten las comunidades sobre el punto sanitario, y tal y como ha podido constatar este diario estas no son nada positivas.

A partir de estas consideraciones y con vistas a reformular las bases de la propuesta del Gobierno central, desde Galicia, el consejero de Hacienda, Miguel Corgos, ha incidido en sus alegaciones contra el modelo de población ajustada. En concreto, desde Galicia se apuesta por un modelo de "coste por servicio" sumado a una ponderación del gasto en salud en el rango alto de la propuesta, alcanzando un peso del 45 por ciento que asegure la cobertura sanitaria de la ciudadanía.

También en contra del modelo actual se sitúa Andalucía, desde donde el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, manifestó que la comunidad perdía "cuatro millones de euros al día con este modelo que todavía el Gobierno de España no se ha atrevido a modificar y no sabemos por qué". En este sentido, la región ha solicitado junto a la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia "un sistema de financiación justo y, mientras tanto, un fondo transitorio que compense la infrafinanciación que sufrimos las tres comunidades autónomas más afectadas por el modelo de financiación actual".

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Ante el modelo de reparto, el Gobierno central solo ha planteado un "análisis técnico" basado en la población ajustada, lo que lleva a muchas regiones a esperar el texto con la reforma final

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A la demanda de un nuevo modelo también se suma Asturias, cuyo Ejecutivo "lleva años demandando la necesidad de que se reforme el sistema de financiación autonómica, ya que como hemos reiterado en varias ocasiones, el modelo actual no cubre las necesidades asociadas a los servicios transferidos, ni siquiera alcanza para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales". En este punto, desde la Consejería de Hacienda regional señalan que "nos han planteado únicamente un análisis técnico sobre uno de los elementos del modelo, lo que se conoce como población ajustada. Un informe que ni siquiera resulta concluyente".

En concreto, la distribución por "población ajustada" plantea la posibilidad de equiparar las regiones con menos población. Una fórmula que desde La Rioja no creen que pueda atender las necesidades reales de las regiones con mayor incidencia de la despoblación. Es por ello que, desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública riojana, plantean como alternativa "un reparto lineal para todas las comunidades autónomas de un porcentaje mínimo, que podría situarse en un 1 por ciento, lo que permitiría cubrir el coste de estos servicios públicos de manera igualitaria".

Una visión contraria a la propuesta por la Comunidad Valenciana, región con alta densidad poblacional, desde donde señalan que son estas "variables poblacionales las que deben determinar claramente las necesidades de gasto", reivindicando así mismo "más suficiencia, es decir que todas las autonomías, absolutamente todas, vean incrementados sus recursos porque el conjunto de las comunidades autónomas estamos infrafinanciadas y, por supuesto, pedimos equidad en el reparto".

Ante el actual sistema de reparto de fondos Cataluña señala que se trata de "un modelo agotado e ineficiente, que se basa en cálculos opacos y que genera desigualdades territoriales". Con una posición completamente en contra del actual modelo, la Generalitat catalana sostiene que este "perjudica sistemáticamente a Cataluña, que desde hace años ocupa la tercera posición en recursos aportados al sistema pero la décima en cuanto a los ingresos recibidos".

Junto al modelo de financiación, las regiones también han puesto el foco en la necesidad de ampliar los denominados Fondos Covid, una fórmula para hacer frente a los gastos que todavía sigue generando la pandemia. Así se posiciona Andalucía, desde donde reclaman que "el 90 por ciento del gasto covid es estructural y lo debe entender el Gobierno de España, las comunidades autónomas estamos gestionando esta sexta ola sin su ayuda".

A esperas de la reforma

Partiendo del rechazo al modelo actual algunas regiones se mantienen a la espera de las propuestas de reforma del sistema de financiación. Este es el caso de Extremadura, desde donde valoran positivamente "la elaboración de un informe técnico en el que se priorizan las necesidades de gasto de las autonomías". En esta línea, desde la Consejería de Hacienda extremeña se plantea la elaboración de un "sistema de financiación basado en la equidad y la solidaridad frente a la ordinalidad, y asegurar así el equilibrio entre lo que necesitan y pueden aportar los ciudadanos de las distintas regiones de España". 

Entre las consideraciones al modelo de reparto, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública extremeña, Pilar Blanco Morales, ha resaltado que este informe faltan elementos clave para avanzar hacia un nuevo modelo de financiación autonómica. Así, en cuanto a Sanidad, desde la región se ha subrayado que el gasto sanitario está muy condicionado por los usuarios reales del sistema, que en Extremadura es muy elevado por lo que se considera necesario introducir la intensidad de uso de este servicio público en función de la renta per cápita.

Castilla-La Mancha se suma también a al defensa de la propuesta nacional, considerando "un paso muy importante que el Ministerio de Hacienda haya iniciado el proceso para modificar el sistema de financiación, presentando a las comunidades autónomas diversas alternativas para definir el concepto de población ajustada". Sin "tirar la toalla", la Administración de Castilla-La Mancha espera que el futuro modelo aumente "los recursos de las comunidades autónomas para garantizar el principio de suficiencia" así como se cuente con un fondo adicional contra la despoblación.

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"Es mejor tener un modelo de consenso entre las partes a impulsar un modelo en el que haya discrepancias de calado"

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En este punto cabe destacar la defensa que Castilla-La Mancha hace del modelo de población ajustada, siempre que este "tenga en cuenta el coste real que ha de suponer a cada comunidad autónoma ofrecer el mismo nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos, al menos en los fundamentales, como Sanidad, Educación y Servicios Sociales".

En la búsqueda de este consenso, La Rioja expone que "es mejor tener un modelo de consenso entre las partes a impulsar un modelo en el que haya discrepancias de calado". Pero, para alcanzar un punto en común todavía hace falta mucho trabajo. Así, desde la Comunitat Valenciana, la Consejería de Hacienda ha puesto el foco en que "no hay que olvidar que este es el primer Gobierno que, desde que en 2014 caducó el actual sistema, ha tomado la determinación y la decisión de iniciar la más que urgente e imprescindible reforma y ha presentado un documento de trabajo que debe sentar las bases o esqueleto del nuevo sistema de financiación, por lo que con independencia de que esté plasmado o no en el Plan Anual, la realidad es que este es el primer Gobierno que ha trabajado verdaderamente en la propuesta de reforma".

Desde esta posición, la Generalitat Valenciana pone el foco no en el exceso de gastos de algunas regiones, sino en "falta de ingresos por un sistema injusto al que nadie ha sabido dar una explicación técnica y, por tanto, que necesita reformarse con urgencia para acabar con la discriminación de nuestra ciudadanía".

Modelos alternativos

Frente al reparto de los fondos autonómicos, Navarra es una de las regiones que mantiene su propio régimen financiero. Así, la región tiene potestad para mantener, establecer y regular su régimen tributario. Mientras tanto, la Comunidad Foral contribuye a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas, a través de una cantidad denominada “aportación”.