Los planes públicos de pensiones, entre dudas del sector privado sanitario

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para el desarrollo de los nuevos planes colectivos de empleo con el objetivo de que se pongan en marcha ya para el año 2023. La normativa, que todavía tiene que ser debatida en el Congreso de los Diputados, abre un horizonte para el desarrollo de grandes fondos de pensiones públicos a las que podrán sumarse trabajadores y empresas. Aunque su contenido mantiene en duda la participación del sector privado sanitario.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dado luz verde a uno de sus proyectos estrella de la legislatura, después de haber introducido algunos cambios para dotar de más incentivos a los colectivos que se sumen a los planes colectivos de pensiones. En el caso de los trabajadores autónomos, se ha incrementado el nivel máximo de la desgravación hasta los 5.750 euros anuales. Mientras que a los asalariados se les permitirá elevar su aportación por encima de la que hagan sus respectivas empresas para que se beneficien de más exoneraciones en el IRPF.

La modificación del texto original también ha ofrecido un contexto más flexible para las empresas, que no estarán obligadas a cotizar las contribuciones a la Seguridad Social de sus aportaciones a estos planes de pensiones colectivos, aunque contarán con un nivel máximo. “Intentamos buscar el consenso y el equilibrio”, ha explicado Escrivá en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

A pesar de esta política de incentivos, la incógnita sigue puesta en la participación del sector privado del área sanitaria. La aseguradora especializada Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ya advirtió a Redacción Médica que las condiciones fijadas por el Gobierno complicaban que decidiese participar en los fondos colectivos, ya que tenían que acreditar un volumen de al menos 1.000 millones de euros en activos en planes de pensiones.

En todo caso, el texto todavía no está cerrado. Ahora se inicia su tramitación parlamentaria, lo que abrirá la puerta a que el resto de grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas para modificar su contenido. Mientras, Escrivá sigue lanzando mensajes de conciliación a la CEOE para convencerla de que se sume a la iniciativa. “Prácticamente en todos los casos hemos acomodado las posiciones que han ido planteando”, ha sentenciado.