Los médicos de prisiones quieren el sueldo de AP: cobran 1.500 euros menos

Una equiparación salarial con los médicos de Atención Primaria. Esta esta una de las muchas peticiones que la coordinadora de Sanidad Penitenciaria de Médicos de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial (OMC), Carmen Hoyos, ha transmitido al Ministerio de Sanidad, Bienestar Social y Consumo que dirige María Luisa Carcedo. La representante de este sector sanitario asegura que la sanidad penitenciaria de las cárceles españolas está pasando por una situación de crisis “sin precedentes”.

Un estado que queda de manifiesto en la huelga que los funcionarios de prisiones están llevando a cabo estos meses y que se apoya sobre las premisas de mejorar las condiciones laborales y transferir las competencias a las autonomías. En el plano laboral, además de plasmar la necesidad de más médicos, Hoyos solicita la equiparación salarial de los médicos de prisiones con los de Atención Primaria. Afirma que los sanitarios que trabajan en las cárceles cobra, sin tener en cuenta las guardias, 1.500 euros menos que un facultativo que ejerza en un centro de salud de Atención Primaria.

Sobre la falta de médicos, asegura que se va a acrecentar en unos años. Hoyos pronostica que el 80 por ciento de la plantilla se va a jubilar en un plazo corto de tiempo y va a empeorar la situación actual en la que “muchas cárceles ya no tienen médicos”. Esta falta de profesionales, denuncia, acarrea una “vulneración de los derechos fundamentales de los presos” puesto que muchos de ellos no pueden ser atendidos en el plazo de 24 horas que marca la ley.

"Las únicas CCAA que van bien son País Vasco y Cataluña"

La vocal denuncia que parte de este abandono se focaliza en que las competencias estén en mano del Estado y no de las autonomías. Afirma que las únicas CCAA en las que la sanidad penitenciaria funciona “bien” son País Vasco y Cataluña cuyas competencias fueron trasladadas hace varios años.

La denuncia de los profesionales llega después de que el equipo de Gobierno socialista convoque su segundo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y no lleve la situación de la sanidad penitenciaria (su estado y la posible transferencia de competencias) a debate entre las autonomías. Además, denuncian que han solicitado reuniones con María Luisa Carcedo como ministra o con el jefe de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero no han obtenido ningún tipo de respuesta.

Hay que recordar que en el mes de mayo fue enviado a los integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una solicitud firmada por múltiples organizaciones médicas -entre las que se encuentra el Consejo General de Enfermería, la Organización Médico Colegial (OMC) y los dos sindicatos mayoritarios de entre los profesionales, CESM y Satse- solicitando la inclusión de la Sanidad Penitenciaria en su orden del día.

Las peticiones de los facultativos llegan después de que, en mayo de 2017, se reunieran en el Senado con la ahora ministra (que en ese momento era senadora) y el portavoz de sanidad en el Congreso, Jesús María Fernández. “Creemos que ahora se dan circunstancias más favorables para dar de forma definitiva cumplimiento a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud con la inclusión del estudio de esta transferencia en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”, reza la misiva remitida al Ministerio.

“Atención en igualdad de condiciones a la población reclusa”

La penitenciaria debería estar  transferida a los sistemas de salud de las Comunidades Autónomas 18 meses después de la publicación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del 2003. Organismos como el Senado ya han aprobado (concertante en pleno del día 26 de octubre de 2016) que esta normativa parada desde 2004 sea efectiva. Una petición que también se ha duplicado en otros órganos como la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2018.

Aseguran que la transferencia proporcionaría una atención sanitaria “en igualdad de condiciones” para la población reclusa, suponiendo una mejoría inmediata en todos los aspectos de la Atención Primaria, especializada, farmacéutica, vigilancia epidemiológica y formación de los profesionales así como homologar las condiciones laborales con los sistemas de salud que “actualmente impiden una cobertura adecuada de las relaciones de puestos de trabajo”.

Sobre la transferencia, el colectivo de instituciones penitenciara entiende que mediante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud “se efectúe de forma inmediata su transferencia en una negociación única con las CCAA”.