El 96 por ciento de estos profesionales se encuentran en las entidades privadas de la mutualidad

Los inspectores de Hacienda, "rehenes de un pulso" en la crisis de Muface
Oficina delegada de Muface.


5 feb. 2025 5:15H
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El futuro de Muface sigue en el aire. Han pasado cuatro meses desde que el Gobierno y las aseguradoras forzaron un parón en las negociaciones. Desde entonces la primera licitación quedó desierta, la segunda fue paralizada y el tercer proceso licitador está en marcha. El Ministerio para la Función Pública -el encargado de las competencias de la mutualidad- y el Ministerio de Sanidad han mostrado sus discrepancias. El primero quería salvar el modelo, y el segundo traspasar a todos los mutualistas a la sanidad pública. Mientras, las cerca de 1,53 millones de personas adscritas al concierto (entre titulares y beneficiarios) se han convertido en espectadores de una crisis sin precedentes. De ellos, 26.000 pertenecen a la plantilla de los inspectores de Hacienda. "Somos rehenes de un pulso del Gobierno por Muface", han confiado varios de ellos a este periódico. 

"El 96 por ciento de nosotros tenemos nuestra asistencia sanitaria en alguna de las compañías aseguradoras de Muface", explica Manuel Porras, secretario general del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT). De hecho, el cuerpo total está comprendido por 26.000 profesionales, de los que cerca de 1.000 optan por la sanidad pública y, los restantes 25.000, por la privada. "Ahora todos nosotros dependemos de los nuevos pliegos del concierto", indica este funcionario.

Serios, con ese aspecto particular que distingue a los inspectores de Hacienda, varios funcionarios responden a este periódico. Sin nombres. Sin fotografías. Pero mostrando su reivindicación. "Nos hemos convertido en las víctimas de un juego en el que el Gobierno quiere demostrar todo su poder", subrayan. 

"Estamos muy preocupados, como el resto de funcionarios. También hay que tener en cuenta que nosotros somos un colectivo muy grande, envejecido, y que empieza a tener graves problemas de salud", explica uno de los profesionales en conversación con Redacción Médica

El tercer proceso de licitador de Muface "abre una luz"


Los inspectores de Hacienda coinciden. "Se ha abierto una especie de luz, pero la puerta no se ha abierto del todo", deslizan con cautela. Para ellos, el hecho de que el Gobierno haya inyectado 330.500.000 euros de financiación extra para los próximos tres años del concierto de Muface supone un punto de inflexión. Con esta nueva cuantía, la prima del nuevo trienio de la mutualidad pasaría de contar con un aumento del 33,5 por ciento a un 41,2 por ciento

"El problema es que, más allá de las cuestiones económicas, los pliegos también tienen que recoger otros aspectos de la cobertura sanitaria. Desde los servicios que se ofertarán, las maquinarias... Todo es mucho más complejo que reducirlo a una cifra", explica Porras como líder de SIAT. Es por ello que remata: "Las aseguradoras no van a valorar solo un número. Es mucho más, y el Gobierno tiene que ser consciente de ello en los nuevos pliegos".

En este momento el tiempo apremia. Fuentes de gran solvencia han confirmado a Redacción Médica que los pliegos llegarán "de un momento a otro". Tras ello, las aseguradoras, tanto las ya presentes en el ultimo contrato (Asisa, Adeslas y DKV) como cualquier otra que quiera participar, tendrán 25 días naturales para enviar sus ofertas. 

Asisa y Adeslas, en las horas posteriores a conocer el último movimiento del Gobierno -ese aumento de un 41,2 por ciento-, explicaron a este periódico que valorarían las nuevas correcciones. Así, ambas abrían la puerta a estudiar el documento. DKV, por su parte, tan solo comentó que analizaría las modificaciones y daría una respuesta. Por tanto, aún quedan más de tres semanas para conocer la decisión final. 

No obstante, el millón y medio de personas adscritas al modelo (entre titulares y beneficiarios), tendrán su asistencia sanitaria garantizada durante un periodo máximo de tres meses. Es decir, hasta el 1 de abril. Así lo señala la orden de continuidad dictada por el Gobierno, a la que tuvo acceso este periódico, por la que el Ejecutivo 'obliga' a las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV a seguir prestando sus servicios durante un trimestre. 
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